Revela que 50 de las más de 350 acciones jurídicas emprendidas ya han sido ganadas
MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, aseguró hoy que todos los recursos prestados por los abogados que trabajan con el Partido Socialista de Madrid prestando asistencia gratuita para tramitar las ayudas a las personas dependientes y emprendiendo acciones legales en el caso de retrasos injustificados son "absolutamente correctos en términos jurídicos".
Gómez respondía así a las informaciones de 'La Razón' sobre unas afirmaciones hechas por el director general de Coordinación de la Dependencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en las que sostiene que los recursos de los socialistas son "erróneos" al sustentarse en una normativa ya derogada.
El líder socialista insistió en que los recursos son "absolutamente correctos" y en ellos se pide la responsabilidad patrimonial del director de la Coordinación de la Dependencia "por los retrasos en la mayoría de los casos" en la aplicación de la ley y todo para evitar, como explicó, que ya muertes durante el proceso de reclamación de la prestación, como ya ha ocurrido en dos ocasiones.
En su opinión, las declaraciones de García Martín son un "intento de desincentivar que se reclame judicialmente" lo que es de los ciudadanos, por lo que anunció que acudirán a la vía contenciosa-administrativa si el director general "dice por escrito" lo que hoy es publicado en prensa, al tratarse de una "información falsa".
Destacó además que de las más de 350 acciones jurídicas emprendidas desde el gabinete jurídico del PSM, unas 50 aproximadamente ya han sido ganadas. Sostuvo asimismo que lo que debería hacer la Comunidad es "primero, resolver los recursos planteados, segundo, dejar de desincentivar a la hora de poner recursos y, tercero, poner en marcha la Ley de Dependencia", pues la aplicará "por motu propio o a instancias de decisiones judiciales".
El líder socialista llegó a afirmar que si él fuera presidente autonómico se le "caería la cara de vergüenza" al ser "la última Comunidad en poner en marcha la ley" puesto que "sólo el 1,04 por ciento de la población ha sido registrada en la baremación".
No obstante, declaró que el Ejecutivo de Aguirre se ha visto obligado a "acelerar el proceso" ante la interposición de recursos promovidos desde el PSM.
