MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del PSOE en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea de Madrid, María del Carmen López, ha amenazado con llevar a la Fiscalía el contrato "a dedo" de la lavandería del Hospital Enfermera Isabel Zendal, adjudicado a Ilunion, al igual que hizo el PSOE con el contrato con la cadena de hoteles Room Mate, en uno de cuyos establecimientos se alojó la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, mientras estaba en cuarentena.
"Esto va a terminar, lo mismo que terminó el del hotel de la señora Ayuso, en Fiscalía, porque como no nos aportan nada, no nos dan nada, no nos queda más remedio", ha manifestado López, quien había solicitado la comparecencia del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para aclarar dicho contrato, quien ha delegado en el director general de Gestión Económico-Financiera y Farmacia, Rafael Barberá.
La portavoz del PSOE ha precisado que lo único que les han aportado es la resolución de adjudicación, pero carecen de la memoria justificativa del contrato, adjudicado por 907.241,11 euros y con una duración de seis meses, y de toda la gestión del expediente.
La diputada socialista ha reclamado un informe de la Intervención de la Comunidad de Madrid que aclare cómo es posible que Ilunion siga prestando el servicio de lavandería tanto del Hospital Isabel Zendal como del resto de centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) "cuando tiene caducadas todas las prórrogas", situación que afecta también a los servicios de seguridad y limpieza.
Por otro lado, ha asegurado que la empresa "no da abasto" para lavar el conjunto de la ropa de todos los hospitales y ha considerado el nuevo hospital debería contar con otra lavandería, porque "hasta tres días tienen que esperar los pacientes a que se puedan cambiar las sábanas" y "está llegando un tercio de lo contratado", mientras los profesionales de los hospitales "ya no pueden más".
Por su parte, el director general ha manifestado que están trabajando en los nuevos pliegos del nuevo contrato tanto de lavandería, como de seguridad y de limpieza, pero ha señalado que "son muy complicados".
"Hemos estado trabajando lo que hemos podido en ellos, pero desde febrero de 2020 hasta ahora hemos estado dedicados en cuerpo y alma a otra cosa, con lo cual los otros temas se iban llevando pero eran temas un poco secundarios, la idea nuestra era superar la situación que tenemos de pandemia, lo otro se va haciendo, quizá a un ritmo más lento del deseable pero se va haciendo", ha reconocido.
Así, ha asegurado que los pliegos está a punto de enviarse si no se han enviado a los servicios jurídicos para que den el visto bueno, al tiempo que ha precisado que el contrato de lavandería del Isabel Zendal se adjudicó a Ilunion porque es la empresa donde se centraliza la lavandería de todos los centros dependientes del SERMAS, a pesar de ese contrato estuviera ya vencido.
"No puedo dejar de dar un servicio de lavandería a los hospitales porque el contrato se acabe, hay que dar una solución, no tengo tiempo material para poder convocar un concurso, porque no tengo ni los pliegos aprobados por el servicio jurídico ni la intervención, por lo tanto tengo que buscar una solución", ha detallado, para aclarar que la solución fue "una nota de encargo" para que la empresa continuara prestando el servicio.
En respuesta al portavoz de Más Madrid, Alberto Oliver, quien ha puesto sobre la mesa el encarecimiento del kg de ropa lavado con respecto al contrato de la centralización firmado en 2013, Barberá ha explicado que los precios son más caros por el aumento del coste de los suministros eléctricos, del renting de camiones y, sobre todo, por el incremento del salario mínimo, que ha repercutido en la empresa en 600.000 euros más al año.
En cuanto a las críticas sobre la calidad del servicio, que la portavoz de Unidas Podemos IU, Carolina Alonso, ha dicho no es la "suficiente o necesaria o mínima", Barberá ha reconocido que al principio de la pandemia se produjo un problema con la lavandería porque no estaba preparada para el Covid-19, por lo que se hicieron nuevos protocolos para proteger a los trabajadores, muchos de ellos con discapacidad.
Tras admitir que al comenzar su servicio la empresa tenía algunos problemas de calidad por los que supone que se le impondrían sanciones, ha asegurado que la calidad ha ido subiendo, y "ahora mismo está en niveles aceptables", ha señalado haciendo alusión a sellos de calidad obtenidos por la empresa.
La portavoz de Vox, Ana María Cuartero, ha defendido el modelo de centralización, pero ha criticado la gestión, al señalar que no le parece "muy buen indicador de la gestión" que el contrato se encuentre finalizado.
