PSOE insta al Gobierno regional a recuperar el Impuesto de Patrimonio para rentas de más de un millón

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista instará este jueves en el Pleno de la Asamblea al Gobierno regional a recuperar el Impuesto sobre Patrimonio, a partir del 1 de enero de 2016, conforme a la normativa estatal vigente, dejando exentos los patrimonios inferiores a un millón de euros, según ha avanzado la formación en un comunicado.

La diputada socialista Reyes Maroto defenderá la Moción presentada "por solidaridad, por justicia social y por eficiencia económica", ha argumentado.

"Creemos que es justa esta iniciativa, primero por solidaridad con el resto de Comunidades Autónomas, ya que Madrid es la única Comunidad que bonifica el cien por cien de la cuota, lo que supone una competencia desleal respecto al resto de territorios", ha explicado.

"En segundo lugar, por justicia social, ya que de este impuesto solo se benefician las rentas más altas", ha proseguido. El tercer motivo, según Maroto, es por eficiencia económica ya que se pierden recursos.

Según la estadística del impuesto sobre patrimonio publicada por el Ministerio de Hacienda, existe un total de 16.153 madrileños que deberían tributar por este impuesto al disponer de un patrimonio medio declarado superior a los 8 millones de euros.

Según las mismas fuentes, este patrimonio ha aumentado un 3 por ciento, a pesar del contexto de crisis económica que existía en 2013, año al que se refieren los últimos datos disponibles.

"En 2008, último año que Madrid tuvo vigente el Impuesto sobre el Patrimonio, se recaudaron 632 millones de euros. De no haberse bonificado, la Comunidad habría ingresado más de 3.500 millones de euros en los últimos siete años. Solo en 2013 se dejaron de recaudar 612 millones de euros", ha precisado Maroto.

La también portavoz socialista de la Comisión de Economía ha indicado que no se debe considerar esta iniciativa como una propuesta aislada, "ya que el sistema fiscal de la Comunidad de Madrid necesita una reforma integral para garantizar la calidad de los servicios públicos y la estabilidad presupuestaria, bajo los principios de justicia, equidad y sostenibilidad".