PSOE e IU piden amparo al Constitucional por la negativa del PP a investigar el Informe Melis

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del PSOE e Izquierda Unida (IU) en la Asamblea de Madrid presentaron hoy conjuntamente un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por la negativa del Partido Popular (PP) a constituir una comisión de investigación sobre el denominado Informe Melis, en el que el ex director general de Infraestructuras Manuel Melis reconocía que la ampliación de la línea 9 del Metro, inaugurada en 1999, podría haber derivado en "catástrofe" debido a la baja calidad de los materiales utilizados.

El recurso, que fue presentado por los portavoces adjuntos del PSOE e IU, Ruth Porta y Jorge García, respectivamente, responde a la decisión que la Mesa de la Asamblea adoptó el pasado 21 de marzo, al vetar la comisión de investigación solicitada por la oposición por entender que no constituía "un asunto de interés público", según dijo en su momento el portavoz popular, Antonio Beteta.

Porta reconoció hoy a las puertas del Tribunal Constitucional que la respuesta a este recurso podría demorarse "tres o cuatro años", según los cálculos realizados por el gabinete jurídico del Grupo Socialista, aunque confió en que la admisión a trámite "se produzca en dos o tres meses".

"IMPUDICIA DEMOCRÁTICA"

Aún así, justificó esta petición al considerar que la negativa del PP a investigar el Informe Melis supuso "una impudicia democrática que no se había alcanzado nunca", ya que "no sólo se conculcó el derecho de la oposición a controlar la gestión del Gobierno, sino también los derechos de los ciudadanos a estar informados sobre un asunto que afectaba a su seguridad, a su integridad física y a sus bolsillos".

García, por su parte, reconoció que la respuesta del Constitucional puede llegar "fuera de tiempo político", pero aseguró que el veto del PP a la comisión de investigación supondría "un precedente muy malo para la Asamblea de Madrid", ya que, en su opinión, la apelación de Beteta a la falta de interés público de este asunto "no tiene pies ni cabeza".

En este contexto, señaló que el Informe Melis constituye "un caso de mala gestión" por parte del Gobierno regional y, "sobre todo, de riesgos claros y concretos para los ciudadanos madrileños". "El PP usó su mayoría absoluta para vulnerar el Reglamento de la Cámara", destacó el portavoz de IU.

"GALLARDÓN Y AGUIRRE, DE ACUERDO PARA MENTIR"

La dirigente socialista defendió que los ciudadanos madrileños "tienen derecho a saber toda la verdad de lo que realmente ocurrió" en las obras de construcción de la línea 9, y recordó que éstas fueron puestas "en entredicho" por el propio Melis, quien "reconoció que la adjudicación a precio cerrado entrañaba riesgos porque obligaba a las empresas a abaratar los materiales que utilizaron a costa de la seguridad".

Tras poner de relieve que las obras se llevaron a cabo a finales de la primera legislatura del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, Porta lamentó que el actual alcalde de Madrid y la presidenta regional, Esperanza Aguirre, "siempre se pongan de acuerdo para mentir y para que los ciudadanos no sepan lo que hacen".

POLÉMICA ENTRE LOS GRUPOS

El Informe Melis, redactado por el director general de Infraestructuras de Gallardón para ofrecer asesoramiento a los trabajos de construcción del Metro de Málaga, generó el pasado mes de marzo una fuerte polémica entre los tres grupos parlamentarios de la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid.

El Grupo Parlamentario Popular justificó la negativa a constituir la comisión de investigación argumentado que el propio Melis "rectificó" su propio informe en una carta dirigida a la concejala de Urbanismo, Pilar Martínez, en la que aseguraba que su escrito era "confidencial", fue redactado "en el marco de una relación informal con ellos" y se sacó "de contexto" en algunas partes.

Los grupos de la oposición, por su parte, subrayaron que su petición cumplía escrupulosamente el Reglamento de la Asamblea de Madrid, que establece en su artículo 75 los tres requisitos para la constitución de comisiones de investigación: el apoyo de dos quintos de la Cámara, el tratamiento de un asunto de interés público y que éste corresponda a las competencias de la Comunidad de Madrid.

De la misma forma, la Mesa de la Asamblea encargó un informe jurídico a la Secretaría General de la Cámara por el que atribuía a sus miembros la responsabilidad del veto. "Corresponde a la Mesa la comprobación de la concurrencia de los requisitos formales, pero también en cuanto órgano calificador, la apreciación de que el objeto es un asunto de interés público", señalaba el citado informe.