PSOE propone obligar por Ley a los cargos públicos a declarar sus bienes y rentas

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Asamblea de Madrid propuso hoy a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, durante el Debate del Estado de la Región, una Ley que regule la obligación de declarar de forma oficial y pública los bienes, derechos, rentas y actividades de los cargos públicos, así como su origen y las variaciones producidas en su patrimonio durante el ejercicio del cargo y los posibles conflictos de intereses.

"Le propongo, señora Aguirre, que apueste por ofrecer la máxima publicidad a las declaraciones de bienes y patrimonio de los cargos públicos, de la suya y de la mía", propuso la portavoz socialista, Maru Menéndez. "Que trabajaremos juntos para garantizar la mayor transparencia, la normal participación de los ciudadanos y sus representantes y la máxima lealtad política hacia las instituciones y a la voluntad de los ciudadanos en el ejercicio de la acción política", añadió Menéndez.

En este sentido, el PSOE presentó una propuesta de resolución que no prosperó en la que se emplaza a la presentación en el plazo de 3 meses de esta ley, así como el desarrollo de un Código Ético que contemple medidas específicas de buen gobierno y de transparencia, contención y austeridad en la ejecución del gasto público y la supresión de la polémica Ley de Medidas Fiscales y Administrativas.

Asimismo, reclama que se asegure la comparecencia de la presidenta de Gobierno ante el pleno de la Cámara tras la constitución o modificación de su gobierno y cuando las circunstancias políticas lo requieran.

El PSOE señala en esta resolución que en el momento actual es necesario reforzar e impulsar el proceso de racionalización y transparencia en la actividad de las instituciones de la Comunidad con la finalidad de "eliminar una eventual imagen de opacidad e inaccesibilidad, que genera desconfianza en los ciudadanos".

"Se hace necesario avanzar en la senda de la transparencia en la actividad política para reforzar la confianza de los ciudadanos en quienes los representan y gobiernan, estableciendo medida que fortalezcan los principios éticos y las reglas de comportamiento de los altos cargos de la Administración y de los propios reglamentarios", considera.