MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una Proposición de Ley con la que busca garantizar en la Comunidad de Madrid el derecho a una muerte digna regulando que las personas que se encuentren en el proceso final de su vida puedan rechazar intervenciones o tratamientos propuestos por profesionales sanitarios aunque ello conlleve "acortar su vida o ponerla en peligro inminente" así como recibir "sedación paliativa" si lo desean.
"Siempre hemos creído que una vida digna exige una muerte digna", ha remarcado el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces celebrada en el Parlamento autonómico. A su juicio, "hay una necesidad social" de abarcar el asunto.
La propuesta que se debatirá en el Pleno del 14 de julio, tiene como objetivo, según los socialistas, "garantizar el derecho de los pacientes a una buena atención sanitaria en el proceso final de la vida, regular los deberes de los profesionales y definir las garantías que las instituciones sanitarias están obligadas a ofrecer".
El documento recoge por una parte los derechos de estos pacientes donde se contempla que éstos tendrán derecho a negarse a "recibir información sanitaria sobre su situación", que pueden rechazar intervenciones o tratamientos propuestos por profesionales sanitarios aunque ello conlleve "acortar su vida o ponerla en peligro inminente" o a "la retirada de medidas en soporte vital en situaciones irreversibles".
DERECHO A LA SEDACIÓN PALIATIVA
Uno de los puntos clave de la Proposición es que los pacientes en situación terminal tendrán derecho a recibir sedación paliativa del equipo de profesionales sanitarios responsable de su atención, "aunque ello implique un acortamiento de la vida mediante la administración de fármacos en las dosis y combinaciones requeridas para reducir su conciencia".
Por otro lado, se especifican los deberes de los profesionales sanitarios. Los médicos tendrán que garantizar el derecho a la información del paciente y a que formule instrucciones previas que deben ser respetadas, a proponer intervención sanitaria a personas en fase terminal asegurándose que está clínicamente indicada así como la obligación de respetar los valores, creencias y preferencias de los mismos en la toma de decisiones.
Las instituciones sanitarias públicas y privadas responsables de la atención a los pacientes tendrán que arbitrar los medios para que los derechos de estos no se vean mermados en ningún caso, incluida la negativa o ausencia del profesional, así como cualquier otra causa sobrevenida.
Los centros sanitarios públicos y privados deberán incluir en su cartera de servicios documentos informativos necesarios para el adecuado desarrollo de la normativa así como tendrán que anualmente remitir a la Consejería de Sanidad todas las actuaciones implementadas en relación con el derecho a las instrucciones previas de los pacientes.
