MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
Reversionistas de Chamartín, agrupados en la asociación 'No abuso', concurrirán a la compra de suelo en la operación Chamartín para dejar sin efecto lo que consideran una "concesión ilegal", explicó un portavoz de la entidad a Europa Press después de conocer la aprobación inicial del Plan Parcial de la Prolongación de la Castellana.
Las críticas de la asociación se centran en DUCH, participada en un 27,5 por ciento por la constructora San José y en un 72,5 por ciento por el BBVA. DUCH es la intermediaria, la titular de los derechos de la operación, buscada por Fomento para la venta de suelo tras hacerse con la concesión del concurso convocado por el Ministerio en 1993.
Desde 'No abuso' consideran que, ya que Duch "nunca ha pagado nada y pretende enajenar más dos de millones de metros cuadrados", la concesión "no tiene valor", precisamente por "no haber cumplido, liquidado, pagado ni llegado a un acuerdo con los reversionistas pero se atribuyen la propiedad y titularidad de la operación Chamartín".
Desde la asociación de reversionistas definen la operación como "el mayor pelotazo urbanístico de Europa" y esperan ser capaces de obtener el suelo como antiguos propietarios. "Tarde o temprano el suelo público tendrá que hacer el tránsito a privado y, en ese momento, cualquier antiguo propietario podrá ejercitar la opción de comprar su suelo, recomprar a la Administración y en la medida que nosotros aglutinamos una parte importante de todos los reversionistas y tenemos una capacidad de poder comprar vamos a concurrir (a la adquisición) para dejar sin efecto una concesión que es ilegal", esgrimieron.
Lo que no se sabe es cuándo podrá producirse. Esa fecha sigue siendo para los reversionistas la "gran incógnita" ya que entienden que cuando se produzca ese paso de público a privado "nacerá" su derecho. Lo que sí explicó hoy el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, es que el proceso de la prolongación de la Castellana será largo: ahora el Plan Parcial pasará durante un mes por el periodo de información pública, al Pleno llegará en 2010, los trabajos arrancarán en 2011 y culminarán, previsiblemente, en doce años.
Algunos propietarios del terreno esperaban obtener casi 300 millones de euros por sus derechos de reversión. Esa cantidad que demandan desde la asociación, integrada por un grupo de profesionales para defender a un colectivo integrado por más de mil familias, procedería de los derechos de reversión expropiatoria, que supone la readquisición por el antiguo propietario de un fin expropiado para un interés público.
