MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un año después de lo ocurrido en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, los sindicatos UGT y CC.OO. consideran que el mantenimiento del conflicto a lo largo del año ha sido "moralmente intolerable y laboral y asistencialmente insostenible" ya que, según manifestaron, a la Comunidad de Madrid "se le fue la mano". Por este motivo, han convocado, junto con la Junta de Personal y organizaciones vecinales una manifestación que se celebrará mañana, viernes, por la tarde en Leganés.
En vísperas de la manifestación, los sindicatos han vuelto a denunciar la labor del consejero de Sanidad y Consumo, Manuel Lamela, y reiteraron su deseo de que éste sea cesado por la presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, quien "deberá asumir la responsabilidad política si se empeña en no cesarlo".
En su opinión, el hospital se encuentra en un "paulatino deterioro", ya que "se han paralizado las inversiones y los proyectos asistenciales, se ha perdido un 30 por ciento de la experiencia clínica en el servicio de urgencias, se han cambiado los gestores de las direcciones de Gerencia, Médica y Enfermería, las jefaturas de los servicios de cuidados intensivos y urgencias, las supervisiones de las unidades de reanimación, cuidados intensivos y diálisis y corren riesgo de ser destituidas las jefaturas de servicio de Ginecología y Urología", señalaron los sindicatos, quienes afirmaron que todo esto es "una caza de brujas".
Asimismo, denunciaron que la Junta Técnico Asistencial no ha vuelto a ser convocada, que las comisiones hospitalarias "apenas funcionan", y el deterioro del hospital está empezando a ser "alarmante", al tiempo que indicaron que "la atención a los enfermos se ha visto también afectada, ya que los facultativos tienen miedo a la aplicación de sedación o analgesia".
MANIFESTACIÓN
Para denunciar esta situación, ambos sindicatos, la Junta de Personal y organizaciones vecinales han convocado una manifestación que tendrá lugar mañana viernes por la tarde en la plaza de los Cabezones de Leganés, y recordarán a la presidenta regional que el 15 de marzo expira el plazo que dio el Juzgado al Colegio de Médicos de Madrid para que realizara la peritación de la totalidad de las historias clínicas que presentó la Consejería de Sanidad.
Por último, recordaron el archivo de la denuncia contra un médico de urgencias presentada por los familiares de un paciente que falleció, al que, según ellos, "se le ha deshonrado profesionalmente, ha sido perseguido y exiliado y ha tenido que irse a ejercer a otra comunidad".
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