MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo (TS) ha reconocido a un grupo de trabajadores contratados para la vigilancia y extinción de incendios forestales (INFOMA) en la Comunidad de Madrid el cobro de los trienios cada tres campañas trabajadas --trabajan durante cuatro meses al año coincidiendo con época estival--.
Así consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde el TS desestima el recurso de casación presentado por la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid frente a una sentencia dictada el 20 de febrero por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y que ya reconocía este cobro.
Ahora, el Alto Tribunal entiende la doctrina de la sentencia recurrida es la correcta pues los empleados que denunciaron en su día son "trabajadores indefinidos de carácter discontinuo, cuyo nexo contractual con la parte empleadora está vigente desde su inicio, con independencia de la distribución de los tiempos de prestación de servicios en atención a los llamamientos que hagan la empresa".
Así, añade que el precepto convencional "no contiene regla específica alguna respecto de esta modalidad de contratación de duración indeterminada" y que ante dicho "silencio", la equiparación de los temporales pretendida por la Consejería de Presidencia "resultaría totalmente alejada de la razonabilidad".
Según señalan a continuación, para el personal temporal la exclusión se relaciona con la extinción contractual y aún, en tales casos, "únicamente con la extinción que supera un tiempo determinado, de forma que a aquellos trabajadores temporales que vuelven a ser contratados se les computarán, a los efectos de trienios, todas las rupturas del vínculo inferiores a tres meses".
Por el contrario, añaden, "los trabajadores indefinidos discontinuos no tienen limitada la duración del contrato, sino la de su jornada anual, irregular y sometida a la necesidad de llamamiento", sentencia el fallo, fechado hace un mes.
Desde Solidaridad y Unidad de los Trabajadores celebran la decisión pero recuerdan que los afectados llevan años con este procedimiento judicial. "El empecinamiento de la Comunidad en su lucha contra los trabajadores adquiere dimensiones grotescas, no sólo para perjuicio a sus propios trabajadores sino también a los ciudadanos, dilapilando el dinero público en pleitos perdidos".
