MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -
UGT Madrid denunció hoy el aumento, durante el mes de abril, de personas dependientes que han sido valoradas pero que no reciben prestaciones de la Ley de Dependencia de la Comunidad de Madrid, hecho que desde el sindicato calificaron como "muy grave", ya que "afecta a ciudadanos que tienen derecho a prestaciones para mejorar su calidad de vida pero a los que, por la lentitud de la Administración regional, se les está privando de estas ayudas".
Según informó hoy el sindicato madrileño, con el aumento registrado en el mes de abril, en la región se cifran en 19.543 las personas dependientes beneficiarias con derecho a prestación y que no tienen realizado aún su Programa Individual de Atención (PIA) por parte de la Administración regional.
En concreto, en el mes de abril la lista se incrementó en 615 personas dependientes con derecho a prestación en la región, un aumento que supone continuar con la tendencia de meses anteriores. En este sentido, en la Comunidad actualmente reciben prestaciones 16.996 de los 36.539 beneficiarios con derecho a prestación, lo que supone el 46,4 por ciento del total.
Así, UGT Madrid denunció que durante el mes de abril "sólo se concedieron como nuevas prestaciones para personas dependientes, prestaciones de carácter económico por cuidados familiares, y manteniéndose el resto de tipos de prestaciones igual que en mes anterior".
Por todo ello, el sindicato exigió al Gobierno regional que "acelere todos los trámites necesarios para que la Ley de Dependencia se aplique con normalidad en la Comunidad de Madrid", y que se "dupliquen las plantillas de los profesionales encargados de la valoración, así como aumentar el número de trabajadores y trabajadoras encargados de atender a las personas dependientes en la Comunidad de Madrid".
Por último, el UGT recordó que el Gobierno de España "no puede realizar el pago de las prestaciones si la Comunidad Autónoma no lleva a cabo los programas individuales de atención (PIA) a las personas dependientes de la Región", y demandó al Ejecutivo autonómico "que ofrezca la información disponible y con total transparencia".
