MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
Unidas Podemos Izquierda Unida ha exigido este martes a la Comunidad de Madrid que "repare el daño causado a las 3.000 familias" afectadas por la venta de 3.000 viviendas del Ivima en 2013 al fondo Goldman Sachs-Azora por 201 millones de euros.
"No quieren admitir la demanda colectiva y quieren salir con esta vía para poder cumplir y deshacer este daño causado a 3.000 familias", ha reprochado la portavoz de la formación en Vivienda y Administración Local, Carolina Alonso, en declaraciones suministradas a los medios.
En marzo el Tribunal Supremo desestimó el incidente de nulidad interpuesto por el Gobierno autonómico y ratificaba la nulidad de la venta de estos inmuebles. Desde el Ejecutivo regional han explicado a Europa Press que ahora se acata "exclusivamente" la sentencia de este proceso y que, en este caso específico, la vivienda "vuelve a manos de la Agencia de Vivienda Social (AVS) --antiguo Ivima-- y que el adjudicatario inicial se convierte nuevamente en inquilino del ente". La vía que le quedaba para poder continuar el proceso judicial era interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), que finalmente no se ha presentado.
Unidas Podemos han censurado que se opte por acatarla solo en un único caso y han recordado que "los vecinos llevan mucho tiempo" esperando a que se aplique la sentencia y ha reprochado que "mientras no se cumple con el mandato judicial se está desahuciando a vecinos que legítimamente viven en unas viviendas determinadas y otros tienen una amenaza de despido".
"Desde Podemos nos reuniremos este jueves con la Coordinadora de Vivienda de Madrid y hemos estado en contacto con los afectados a través de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) para hablar con ellos y ver qué se podía hacer para presionar a la Comunidad en el cumplimiento de esta sentencia", ha añadido Alonso.
El TS, en la sentencia que corroboraba la decisión del TSJM, argumentaba que "si bien existe una motivación razonable sobre la decisión política" de enajenar determinado lote de promociones, sin embargo "no se ha justificado debidamente" (de forma específica) que esas viviendas concretas vendidas "no son necesarias para el cumplimiento de las funciones y competencias del IVIMA".
Además, exponía que los argumentos aportados por ambos recursos "evidencian la carencia de interés casacional". Así, por ejemplo, se reclamó por parte de la Comunidad en su incidente de nulidad contra la ratificación del TS que la sentencia anulatoria se circunscriba al caso de un único afectado (el demandante en primera instancia), aspecto que rechaza el TS por no tener relación con el fallo del TSJM.
Ante esta decisión, el instrumento que le quedaba al Ejecutivo regional era interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, extremo que finalmente no han aplicado. Las casi 3.000 viviendas pertenecían al Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid, que fueron vendidas por un importe de 201 millones de euros, casi un 20 por ciento más que el precio fijado de salida (168,9 millones).
Son en su mayoría pisos de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie. Las viviendas están ubicadas en las localidades de Madrid (1.380), Móstoles (259), Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Parla (240), Collado Villalba (44), Majadahonda (332), Navalcarnero (192), Leganés (36), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127).
