MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para que la Comunidad de Madrid pida al Estado la reforma del artículo VIII de la Constitución para delimitar el reparto de competencias entre Administraciones.
En pleno debate sobre la duplicidad de competencias en la Asamblea de Madrid, la formación magenta ha registrado una iniciativa para que pedir que la Comunidad pida al Ejecutivo central que "inicie el proceso de reforma del título VIII de la Constitución para delimitar claramente el reparto de competencias entre las Administraciones del Estado, comunidades autónomas y las entidades locales, que evite duplicidades y cierre el modelo autonómico".
UPyD quiere que sean materias "competencia exclusiva del Estado e intransferibles" la representación internacional, defensa, justicia, educación, sanidad, medio ambiente, protección civil y recursos naturales, sin desechar el estudio de otras materias ni la gestión descentralizada de algunas competencias estatales".
"Todas las comunidades autónomas tendrán las mismas competencias, capacidad legislativa y sistema de financiación basado en la corresponsabilidad fiscal", reza el escrito de UpyD, que apuesta por que ese proceso de reforma se funde en que "la autonomía económica, financiera y organizativa de las comunidades autónomas y entes locales se ha de entender sin perjuicio de la competencia estatal para fijar los máximos y límites, exigidos por el interés general y una ordenación adecuada del gasto, a los que en función de criterios objetivos y proporcionales deberá sujetarse todas ellas".
El portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, ha sostenido que se trata de una reforma "urgente e imprescindible", ya que "una de las causas de la crisis es la insatisfactoria evolución del título 8 de la Constitución", que tiene "unos inconvenientes que superan claramente a sus ventajas".
Velasco, que ha destacado que en UPyD son "partidarios de un Estado Federal Cooperativo", ha considerado necesario que se definan las competencias de cada administración en la Constitución.
A juicio de su adjunto Ramón Marcos, el Estado "no puede ser una especie de basurero al que van las competencias que no quieren los demás".
