Vecinos de la localidad organizan una consulta popular sobre la privatización del Canal de Isabel II

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de la localidad de San Fernando de Henares han organizado una consulta popular el próximo domingo 4 de marzo comprobar el apoyo ciudadano a la futura privatización del Canal de Isabel II, contemplada en la última Ley de Medidas Fiscales y Administrativas aprobada en la Asamblea de Madrid.

Según han informado las asociaciones Vecinos Jarama y Vecinos Parque de Henares de San Fernando, la consulta se celebrará de 10 a 14 horas, con cuatro puntos disponibles para que los vecinos puedan participar en la consulta: en la Plaza Ondarreta, en la Plaza Primero de Mayo, la calle Libertad y el Polideportivo Municipal.

Esta iniciativa está desarrollada por la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II en colaboración con las asambleas del 15M. Esta plataforma sostiene que, a pesar de que los plazos marcados por el Gobierno regional pasan por constituir la nueva empresa con capital privado en los próximos meses, "la lucha ciudadana para defender el patrimonio público de este nuevo expolio está dando sus frutos".

Así, han señalado que en los últimos meses la Plataforma ha informado de las consecuencias del proceso de privatización en cerca de 160 actos públicos, ha convocado tres manifestaciones, y cerca de 35.000 vecinas y vecinos han firmado para poner de manifiesto su oposición a la privatización del Canal.

Además, han apuntado que ocho ayuntamientos presentaron una Iniciativa Legislativa Municipal (ILM) para someter este proceso a debate en la Asamblea, y que más de una treintena de municipios --"muchos de ellos gobernados por el propio PP", han asegurado-- se han negado a firmar el convenio con la nueva empresa "por contener cláusulas abusivas que favorecen a los grandes municipios en detrimento de los pequeños".

"Ahora queremos dar un paso más: celebrar una Consulta Ciudadana para que las vecinas y vecinos de Madrid decidan si están a favor o en contra de una medida que el Gobierno de Esperanza Aguirre aprobó con una ley escoba, hurtando así la decisión a la ciudadanía", han concluido.