MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Canal de Isabel II y consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, ha señalado que el proceso de desinversión de los activos de la entidad en Latinoamérica será positiva económicamente, a tenor del valor en mercado de las sociedades, y ha señalado también que la apertura de las ofertas económicas para el concurso de asesoría que marcará las pautas de la venta será el 23 de marzo y el periodo para definirla se fija en 16 meses tras la adjudicación.
Así lo ha indicado durante su comparecencia en la Comisión de Estudio sobre el Endeudamiento en la Comunidad de Madrid para informar a los grupos parlamentarios sobre el proceso de venta de los activos del Canal en el continente americano.
Garrido ha señalado al principio de su comparecencia que la deuda financiera neta del Canal se ha reducido en un 23 por ciento en dos años, con un ahorro de 200 millones de euros, unido al bajo coste financiero del 1,79 por ciento. Todo ello, por debajo de la media de las empresas del sector.
Así, ha señalado que, entre sus objetivos, está situar la deuda financiera neta del Canal en una deuda media de 400 millones de euros, algo que no se hará "a costa de desinvertir" en Madrid. Al respecto, ha subrayado que existe un plan de inversión con una cuantía de 1.500 millones y que las tarifas van a esta congeladas hasta 2019.
Sobre la actividad del Canal en Latinoamérica, Garrido ha explicado que el consejo de administración de la entidad aprobó esta estrategia de desinversión en el continente y limitar la presencia fuera del país a las labores de asistencia técnica e ingeniería del agua.
El presidente del Canal de Isabel II ha remarcado que el procedimiento de venta y liquidación de estos activos será "ordenado" y "transparente", para incidir que en los dos últimos años se han liquidado siete sociedades en Iberoamérica.
A su vez, ha señalado que el valor de Inassa a diciembre de 2017 es de 100 millones de euros y que tiene préstamos concedidos valorados en 28 millones, algo que se contrapone con los ingresos del Canal Extensia de 93 millones de euros en 2016.
También ha apuntado que los ingresos de la sociedad Triple A de Barranquillas durante el tiempo que dure el periodo de concesión de servicios concedidos en Colombia se estiman en 5 millones anuales. Por todo ello, afirma que la inversión realizada en Latinoamérica presenta un saldo positivo de 40 millones.
Para desprenderse de estos activos, Garrido ha recordado que se recurrirá a un asesor financiero pero "todo apunta" a que el valor que se alcance será positivo. Por ello, se inició en 2017 el proceso de desinversión con un concurso público para contratar a un asesor independiente de los activos de España y Latinoamérica.
Al respecto, el Canal ya procedió a su licitación mediante un concurso por importe de 2,3 millones de euros, IVA exluido, y que la apertura de las ofertas económicas será el 23 de marzo.
PODEMOS PIDE UNA CLÁUSULA DE TANTEO PARA LAS ADMINISTRACIONES LOCALES
Por su parte, el diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez ha replicado en su intervención los datos positivos aludidos por Garrido respecto a la actividad del Canal en Latinoamérica y que se utiliza una tasa de ingresos que "duplica" el coste medio de financiación de Inassa.
A su juicio, las cuentas de Garrido sobre el proceso de desinversión "no salen" porque pasa de puntillas sobre cuestiones como el pronunciamiento de la Procuradoría General de Colombia que, en el caso de Inassa, hablan de la posibilidad de un "agujero" financiero de 63 millones en Triple A de Barranquillas, sin que haya constancia de que corresponda a la prestación de "ningún tipo de servicio".
"El impacto en la Comunidad de Madrid y en el Canal de este proceso (desinversión) está aún por ver", ha apostillado Gutiérrez quien, además, cree que podría ser "negativo".
Además, ha parafraseado un momento de la intervención del presidente del Canal sobre el "deber moral" con relación a Latinoamérica para reclamar que en el proceso de venta se introduzca un derecho de tanteo "prioritario y preferente" para las autoridades municipales y regionales de los países, de cara a darles la opción de obtener esos activos e infraestructuras.
Por otro lado, ha aludido a que sigue "sin aclararse" la responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en todo el proceso de actividad del Canal en Latinoamérica durante su etapa en el consejo de administración de la empresa. Al respecto, ha indicado que firmó un manifiesto en 2012 en la que se calificaba de "rigurosa" en el Canal y que no se había ocultado información.
El diputado Juan Rubio (Cs) ha aludido con ironía a que, a tenor de los buenos datos aportados por Garrido, a lo mejor se debería replantearse la salida de Latinoamérica y su homólogo del PSOE, Juan Lobato, ha aludido a que se tenía que explicar mejor el cambio de objetivo de pasar a entrar en Latinoamérica a salir ahora.
Esta intervención ha motivado que Garrido haya remarcado que el consejo de administración manifestó que es "bueno" salir de Latinoamérica y que él siguió este mandato. Por eso, con tono de reproche que ha generado alguna protesta entre los diputados aludidos, que iba a trasladar a los miembros del consejo que en "los grupos políticos había alguna duda pero que hoy aclaran que quieren salir".
Además, y en referencia a Lobato, ha trasladado que gobiernos anteriores decidieron que era conveniente entrar en Latinoamérica por "razones que consideraron convenientes" y ha indicado que el primero que valoró esa posibilidad fue el Ejecutivo del PSOE, que realizó algunas visitas a países de iberomérica al respecto, aspecto que luego llevó a cabo el PP.
El diputado del PSOE, tras aludir al "escándalo" de la operación Lezo, ha asegurado que el Canal fue a Latinoamérica con socios que no eran "los más adecuados" y que ahora se diseña un proceso de venta que se extenderá hasta julio de 2019, por lo que entiende que el Gobierno regional quiere dejar "amortizado" para esta legislatura el proceso de venta, del que se desconoce aún el proceso de valoración de los activos.
A su vez, Garrido ha aludido a la polémica de las actas del Canal para afear que Podemos criticara que no se dieran al estar el caso Lezo actualmente en fase de instrucción judicial y que hoy mismo se conozca que en la comisión sobre BiciMad se niegue también documentos hasta que un juez lo decida, lo que a su juicio es un "monumento a la hipocresía".
Finalmente, el diputado Juan Antonio Gómez Angulo ha replicado a los grupos de la oposición que muchos comparecientes han aludido a que Inassa tiene un valor "superior" en el mercado al coste que ha supuesto para el Canal estos activos y ha subrayado los bajos niveles de deuda de la entidad.
