MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, ha defendido este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que es el Ejecutivo central que preside Mariano Rajoy el que debe "liderar" las negociaciones con el grupo inversor que pretende construir en España un macrocomplejo de ocio del tipo de Las Vegas.
"Me remito a lo que dijo la alcaldesa, Ana Botella: éste es un proyecto de las tres administraciones o no lo podrá ser. Lo tiene que liderar el Gobierno de España, porque la mayoría de las actuaciones necesarias para acoger una inversión de estas características necesitan un cambio legislativo en el marco estatal, así que es el Gobierno el que debe impulsar el proyecto y el Ayuntamiento colaborará con él y con la Comunidad de Madrid", ha señalado.
A renglón seguido, ha reconocido que sería "interesante" que una inversión de esta magnitud se localizara, "en todo o en parte", en el término municipal de la capital, si bien también Alcorcón e incluso Barcelona --según dio a conocer ayer la presidenta regional, Esperanza Aguirre-- compiten por hacerse con el proyecto.
"En la medida de nuestras posibilidades colaboramos conjuntamente con las otras administraciones, bajo el liderazgo del Gobierno de España, para que este proyecto, en todo o en parte, pueda estar en Madrid", ha insistido el vicealcalde.
Sin embargo, también ha indicado que "las islas, no sólo en España sino en toda la Unión Europea, no son posibles", en referencia a diferentes peticiones que habría hecho el grupo inversor para venir a nuestro país, en el sentido de modificar la legislación laboral o suavizar la de protección medioambiental.
"Somos plenamente conscientes del marco legal y de los instrumentos jurídicos que conforman un marco legislativo general para toda España. Las islas, no sólo en España sino en toda la UE, no son posibles, pero es un proyecto por el que merece la pena trabajar en la medida en que hablamos de muchos puestos de trabajo", ha concluido.
De hecho, según Aguirre este proyecto supondría unos 200.000 empleos directos más los que se crearan para la construcción del complejo a lo largo de una década. De hecho, el pasado lunes la presidenta autonómica se mostró dispuesta a dar "todas las facilidades" a los inversores y a modificar la legislación que fuera necesaria ", aunque manteniendo "el respeto de la ley, la garantía del cumplimiento de los contratos y que no se vulnere el respeto a las personas y a los principios constitucionales".
