CARTAGENA (MURCIA), 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de la Asamblea Regional debatirá el miércoles 14 de julio la convalidación del decreto-ley de simplificación administrativa en materia de medio ambiente. Lo hará en un Pleno en el que también comparecerá el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, para informar sobre la situación del trasvase Tajo-Segura.
Así lo ha ordenado la Junta de Portavoces. Según el calendario previsto por la Junta de Portavoces, el lunes 12 de julio se reunirá la Comisión del Agua, a las 11.00 horas. En ella está previsto que asista el diputado nacional por el grupo PSOE y vicepresidente primero de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Congreso de los Diputados, Daniel Vicente.
Además, el jueves 8 de julio, a las 10.00 horas, se reunirá la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda para la admisión a trámite de las audiencias legislativas, presentadas por los grupos parlamentarios, tanto a la proposición de ley de Mecenazgo de la Región y al proyecto de ley de modificación de régimen de subvenciones concedidas a ayuntamientos de la Región y de Medidas Fiscales urgentes para el sector de la Restauración y Hostelería.
Tras la Junta de Portavoces, el diputado del PSOE, Alfonso Martínez Baños ha criticado al PP por imponer sus propuestas en la Junta de Portavoces "sin querer negociar ni hablar con el PSOE". Según ha expuesto, "es la primera vez en la historia del parlamentarismo de la Región" que durante un periodo extraordinario, "los grupos parlamentarios de la oposición no tengan la opción de ordenar actividad parlamentaria".
Martínez Baños recuerda que "siempre, incluso cuando el Partido Popular tenía 33 diputados, hubo acuerdo para que todos los grupos pudiesen ordenar actividad. Para el diputado socialista lo que ha ordenado la Junta de Portavoces tiene que ver con lo que le interesa a López Miras y al PP, que tiene secuestrada la Asamblea".
Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha expuesto que las políticas de agua de Pedro Sánchez y Diego Conesa "se podrían resumir en que habrá un 40% menos de agua para regadío, un 27% menos de agua para abastecimiento y consumo humano, un aumento del 70% de la factura de agua y 300,000 empleos directos e indirectos en peligro".
A su juicio, las medidas que el Gobierno de España ha adoptado en materia de agua "no obedecen ni a criterios técnicos ni al más mínimo sentido común, porque la única hoja de ruta que guía al Partido Socialista en su toma de decisiones es el cierre del Trasvase".
