La Asamblea tramitará la ley de Atención Temprana, que contempla la gratuidad del servicio

La Cámara también ha aprobado el incremento en 2,4 millones de los conciertos sociales para personas con discapacidad

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional tramitará la proposición de ley de Atención Temprana, que contempla la gratuidad del servicio, y que pretende mejorar la atención a los 4.700 menores de 6 años y sus familias que requieren de este servicio. La Cámara ha aprobado con los votos en contra de los dos diputados de Podemos tomar en consideración la proposición presentada por los grupos parlamentarios popular y Ciudadanos.

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha asegurado que esta norma incluye aportaciones y reivindicaciones de las diferentes asociaciones, colectivos y entidades afectadas. Además, ha recordado que uno de sus objetivos es "evitar situaciones de desventaja social o de vulnerabilidad de los menores". Por ello, explica, se incluye la gratuidad del servicio para que las familias no tengan que pagar por él.

La ley cuenta también con una dotación económica de 6,1 millones de euros para prestar estos servicios. Según Álvarez, también se contemplan criterios uniformes para poder beneficiarse del acceso a la Atención Temprana, "no podemos permitir que un centro privado cobre un copago por la prestación y otros no. Porque esto implica que una familia que no pueda hacer frente a ese copago o no disponga de oferta pública en su localidad, se quedaría fuera", ha dicho.

Desde Podemos, María Marín ha explicado su rechazo a la ley porque "no es nueva", sino que se basa en el decreto anterior que la Consejería "intentó aprobar por las bravas y sin diálogo la pasada primavera". Según ha recordado, el decreto tuvo que retirarse en junio ante la movilización de las familias y de los profesionales y de los informes contrarios de los servicios jurídicos de la Asamblea Regional. La parlamentaria considera que la norma "favorece la creación de listas de espera" y denuncia que se limite la atención temprana "a las personas menores de edad que sufren una discapacidad, dejando fuera a quienes presentan factores de riesgo".

La diputada del PSOE Toñi Abenza advierte que la ley es "injusta" y que pretende "dividir a la Región en dos, a niños de primera y de segunda". Ha destacado que actualmente estas familias pagan por la atención una media de entre 200 y 400 euros. "Hemos admitido a trámite la ley para mejorarla y si no conseguimos mejorarla a través de las enmiendas, cuando gobernemos modificaremos esta chapuza", ha advertido.

Por parte del PP, Mari Carmen Pelegrín ha manifestado que el trámite parlamentario permitirá "seguir llegando a consensos para la mejor ley". Ha asegurado que la ley es "necesaria y esperada, que ofrece la gratuidad y quita la desventaja a todas las familias, regula todos los procedimientos", ha dicho.

Por otro lado, la Comunidad Autónoma aumentará el importe destinado a las plazas en los conciertos sociales del sector de personas con discapacidad. El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado con el voto en contra de los dos diputados de Podemos la proposición de ley formulada por los grupos parlamentarios PP y Cs. En concreto, el texto contempla un incremento del 3,25% del presupuesto, lo que supone una subida de 2,4 millones de euros.

El diputado del PP Miguel Ángel Miralles ha explicado que el Gobierno regional acordó con el CERMI una serie de subidas anuales en este sentido. Según ha dicho, en 2019 se llevó a cabo una subida del 2%, en 2020, una del 4,55% con los atrasos incluidos de 2019, por lo que el incremento fue de más de 10 millones de euros, mientras que este año, "la subida es del 3,25%, que son 2,4 millones de euros, por lo que se habrá cumplido con el acuerdo, que ha requerido de un gran esfuerzo presupuestario, pese a ser la segunda comunidad autónoma peor financiada", ha dicho.

En total, en la Región hay 3.939 personas con discapacidad que son atendidas en plazas concertadas en centros de día, en residencias, en servicios de la promoción de la autonomía o en viviendas tuteladas. "Esta subida también afecta a los trabajadores de los servicios incluidos en las subvenciones nominativas como el de Atención Temprana que trata a más de 4200 niños o a otras actividades que dan servicio a 5500 personas", ha detallado el diputado del PP.

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha destacado, por su parte, que es "fundamental" asegurar los "derechos y libertades de las personas con discapacidad". El parlamentario ha explicado que la tramitación de la proposición de ley se ha realizado de manera urgente "para incrementar las plazas antes de que acabe el año". Según ha afirmado, "debemos mejorar la financiación de los conciertos sociales para reforzar la calidad que reciben los beneficiarios y asegurar las condiciones laborales y profesionales".

El socialista José Antonio Peñalver se ha mostrado de acuerdo con que esta proposición de ley mejora las condiciones de los trabajadores de las organizaciones de la discapacidad, pese a que consideran que "no es el procedimiento adecuado para llevar a cabo esto". El parlamentario se ha preguntado por qué el Gobierno no lo incluyó en los presupuestos.

Los únicos que han votado en contra han sido los dos diputados de Podemos. María Marín ha explicado que el texto no asegura que el incremento se vaya a emplear en mejorar la calidad de los usuarios o la de los profesionales "porque no se hacen ni inspecciones". La diputada ha dicho que "sin mejoría de ratios, sin actualización de instalaciones y sin inspecciones no hay garantía alguna. Una gestión pública de esos centros optimizaría la gestión de los recursos públicos", ha añadido.

El también diputado del Grupo Mixto, perteneciente al partido Ciudadanos, Juan José Molina ha reclamado una "accesibilidad universal" y ha echado en falta contactos con colectivos para sacar adelante la norma.