CARTAGENA (MURCIA), 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, ha afirmado que avala y defiende "la legalidad de todo el trámite de todos los que han participado en él", en referencia al proyecto Novo Carthago, que se encuentra bajo investigación judicial.
"Llevo meses defendiendo la auténtica legalidad de todo trámite administrativo de esta modificación puntual", ha dicho Barreiro este lunes momentos antes de asistir a la entrega de los premios internacionales Cicop 2014.
Por ello, se ha vuelto a reiterar en su declaración como imputada la pasada semana en el Tribunal Supremo. "En el Supremo defendí la legalidad y el rigor con que este Ayuntamiento hace las cosas", ha insistido Barreiro.
"Defiendo el trabajo de los técnicos y políticos", añade, al tiempo que ha dejado claro que el Ayuntamiento "ha sido escrupuloso, legal y riguroso en toda la tramitación de este expediente".
Sobre el exconcejal Agustín Guillén, ha recordado que "ha sido un magnífico concejal, un estupendo amigo y una mejor persona y lo que tenga que aclarar con él lo aclararé".
En su declaración ante el magistrado del Supremo, José Ramón Soriano, defendió que la tramitación del proyecto urbanístico se hizo "de acuerdo a la Ley y por mayoría de la Corporación", por lo que rechaza que se la pueda acusar de un delito de prevaricación administrativa.
En esta causa se investiga una presunta trama de corrupción urbanística relacionada con la construcción del resort 'Novo Carthago', que consistía en la construcción de hoteles y más de 10.000 viviendas en una zona que estaba calificada como de especial protección para el Mar Menor y donde una parte de los terrenos eran LIC, ZEPA y ZEPIN y por otra parte como no urbanizable de protección del trasvase (NUPT).
En la exposición elevada al alto tribunal, el magistrado concretaba los indicios racionales de criminalidad contra Barreiro por un delito de prevaricación.
IMPUTADOS EN LA CAUSA
Sobre esta causa, el magistrado instructor acordó dar al ex presidente del Gobierno regional y vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, "la facultad de asumir la condición de parte, tomar conocimiento de todas las actuaciones, y declarar voluntariamente como imputado por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho ante este Magistrado Instructor".
Asimismo, acordó citar como imputados por un supuesto delito de cohecho a una de las hijas de Valcárcel, R.V.C.; a su yerno F.P.J.; a su cuñado J.F.C.A.; así como a J.S.C. y J.A.M.G..
En estas diligencias se recoge, además, la imputación del actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, por un presunto delito de prevaricación, investigado porque, en su condición de consejero de Obras Públicas y Urbanismo en 2005, "firmó la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del PGOU de Cartagena en San Ginés de la Jara".
Además, están imputados el que fuera delegado y consejero del Gobierno regional, Francisco Marqués, por delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias; y también se encuentra imputado el exconsejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, desde que el pasado mes de julio se decidieran abrir diligencias para investigar su actuación en este asunto por los presuntos delitos de prevaricación, ordenación del territorio y del medio ambiente, y tráfico de influencias.
