MURCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Prevención de Violencia de Género, Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores, destina casi 11 millones de euros a garantizar la atención integral a los menores con medidas judiciales en la Red Regional de centros y recursos de la Comunidad, para promover su integración socio-laboral.
El consejero de Presidencia, Manuel Campos, señaló que la red de centros y recursos para la ejecución de medidas judiciales, dependiente del Gobierno regional, "atiende a adolescentes de entre 14 y 18 años en situación de desamparo a fin de dar cumplimiento a las medidas judiciales, decretadas por los Juzgados de Menores".
Con los 11 millones de euros, indicó, "se mantienen operativas 111 plazas de internamiento en centros de menores y 12 plazas para cumplimiento de medidas judiciales de convivencia en grupo educativo, así como los cinco equipos de educadores ubicados en los centros de día de Murcia, Cartagena, Lorca, Jumilla y Caravaca de la Cruz para cumplimiento de medidas en medio abierto".
Esta tarea es, subrayó Campos, "fundamental para la detección de las necesidades de los jóvenes y promover las medidas y recursos necesarios para favorecer su desarrollo integral y su adaptación al medio familiar y social", según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
Para cumplir los objetivos, además de realizar una valoración de cada situación, se ofrece un tratamiento individualizado y familiar especializado para aplicar estrategias para la gestión de los conflictos y hacer un seguimiento de cada menor.
EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES
En el año 2013, los profesionales de la red regional de centros y recursos para la ejecución de medidas judiciales intervinieron en los procesos de un total de 979 jóvenes para reparar el daño causado por estos, favorecer su desarrollo integral y su adaptación al medio familiar y social.
De total de jóvenes, 848 eran varones y 131 mujeres y sus edades comprendían entre los 14 y los 18 años; 455 jóvenes superaban la mayoría de edad, 427 menores tenían de 16 a 17 años y 97 eran adolescentes, con 14 y 15 años. En su mayoría, 687 jóvenes, eran españoles y el resto, 292, extranjeros.
Así lo recoge la memoria de actividades 2013 del Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales de Menores de la Consejería, a través de la citada Dirección General.
En total, el año pasado se ejecutaron 1.825 medidas judiciales. De ellas, 1.456 se desarrollaron en medio abierto y otras 369 en internamiento. Estos datos, resaltó el consejero, muestran el "carácter socioeducativo" de las medidas judiciales, que permiten al joven "desarrollar su formación, asumir la responsabilidad de sus actos, afrontarlos mediante la reparación del daño y lograr su reinserción social".
Y es que, las medidas en medio abierto, aquellas que se cumplen en el entorno social, escolar y familiar del menor, correspondieron a libertad vigilada (753), prestaciones en beneficio de la comunidad (419), realización de tareas socioeducativas (284), convivencia con otra persona o familia (37) y tratamiento ambulatorio (1).
En cuanto a las medidas privativas de libertad, 210 consistieron en el internamiento en régimen semiabierto, 58 a la permanencia de fin de semana en el centro, 39 al internamiento en régimen abierto, 24 al internamiento en régimen cerrado y tres al internamiento terapéutico.
