MURCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad Autónoma reinicia el proceso de caducidad de Puerto Mayor, con el fin de reforzar su argumentación jurídica para responder al recurso de reposición presentado por la empresa, según ha hecho saber la portavoz del Ejecutivo regional, Ana Martínez Vidal, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Ante las divergencias surgidas en la determinación de la legislación aplicable en este caso para notificar la resolución de caducidad, se decide instruir de nuevo el informe con el fin de blindar legalmente la prescripción de la concesión administrativa concedida en 1975.
La argumentación jurídica sobre la citada caducidad seguirá basándose en la "no iniciación, paralización o no terminación de las obras injustificadamente". Únicamente cambiará la determinación del plazo de notificación de la resolución. Nuevamente se volverá a instar la retirada de las tablestacas instaladas por parte de la empresa para restituir la zona a su estado original.
El Ejecutivo regional sigue adelante con la caducidad de la concesión de Puerto Mayor que tiene como fin "liberar la zona de los condicionantes derivados de un proyecto planteado para otros tiempos y otros modelos de desarrollo y turísticos que han demostrado estar obsoletos", tal y como ha señalado la portavoz.
Esta concesión tenía por objeto la construcción y expropiación de un puerto deportivo por un plazo de 50 años en La Manga del Mar Menor, dentro del término municipal de San Javier. Tras diversos procedimientos judiciales, la Justicia dictamina que la Comunidad Autónoma revise de oficio la ampliación de plazo para la ejecución de las obras, y esta concluye que no es procedente.
"Lo primero es finalizar el procedimiento que declara la caducidad del proyecto y, por tanto, hoy lo que hemos hecho ha sido declarar la nulidad del acuerdo que adoptamos el pasado mes de octubre en el Consejo de Gobierno e iniciar por parte de la Consejería de Fomento un nuevo procedimiento, también encaminado a obtener esa caducidad", ha indicado.
Una vez que se instruya ese procedimiento administrativo, ha avanzado que el Gobierno regional instará en primer lugar a la empresa a la retirada de esas tablestacas y a volver a la situación anterior. En caso de que la compañía no lo haga, "tendremos que ver jurídicamente si se puede hacer subsidiariamente o no".
