MURCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno dio hoy luz verde al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Murcia para 2009 y ha aprobado un Plan de Austeridad que supondrá un ahorro de 50 millones de euros, según anunció hoy la portavoz del Gobierno, María Pedro Reverte, en rueda de prensa.
Así, el Gobierno regional remitirá el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Murcia para 2009, tras ser recibido el dictamen favorable del Consejo Jurídico, a la Asamblea Regional, donde será objeto de debate parlamentario.
Reverte recordó que las cuentas públicas para 2009 se caracterizan por el compromiso con el gasto social, el incremento de la inversión productiva y el aumento de los fondos destinados a los ayuntamientos de la Región.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno también aprobó hoy un Plan de Austeridad de la Administración regional que, mediante la reducción al máximo de los gastos corrientes, ha liberado en los Presupuestos de la Comunidad para 2009 recursos económicos por un importe cercano a los 50 millones de euros, que se destinarán a políticas sociales e inversiones productivas, como las infraestructuras, principalmente.
La portavoz del Gobierno regional explicó que el Plan supone la adopción de una serie de medidas de ahorro en gastos de funcionamiento y equipamiento de servicios administrativos, mientras que los gastos destinados a la prestación de servicios sociales y asistenciales no sufren recortes, para garantizar su nivel de cobertura y calidad.
En concreto, las medidas del Plan de Austeridad afectan a los gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios e inversiones en equipamientos.
En cuanto al bloque de gastos de personal, Reverte contó que se han diseñado diversas medidas, como la congelación de la oferta pública de empleo, salvo en aquellas áreas de contenido netamente social, como es Educación, Sanidad y otras consideradas estratégicas para garantizar el nivel de bienestar de los ciudadanos.
Con respecto a los gastos corrientes, se racionaliza la utilización de los recursos destinados al funcionamiento operativo de los servicios.
Entre ellas destacan las medidas de ahorro energético en las dependencias administrativas, a través del desarrollo de Planes de Eficiencia Energética e Hidroeficiencia, políticas de ahorro en material fungible, incluido el papel, la limitación de la edición de publicaciones y la automatización e informatización de las tramitaciones de la Administración, mediante el impulso de la Administración electrónica.
En lo referente a las inversiones en equipamientos administrativos, se alarga el período de renovación de mobiliario y equipos informáticos.
