MURCIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción Región Murciana ha mostrado su satisfacción por el fallo del Tribunal Constitucional (TC), "que aunque llega 11 años tarde, ha terminado por darle la razón a los grupos ecologistas y sociales de la Región de Murcia en relación al plan urbanístico de Marina de Cope".
De este modo, según ha explicado la organización, el fallo anula la Disposición Adicional Octava de la Ley del Suelo de la Región de Murcia de 2001. Esta disposición determinaba que los límites de los Espacios Naturales de la Región de Murcia se debían ajustar a los límites de los Lugares de Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000, lo que implicó la desprotección de unas 11.502 hectáreas en diferentes zonas de la Región de Murcia, que ahora vuelven a quedar bajo protección ambiental.
El Tribunal Constitucional ha basado su fallo en dos cuestiones principalmente, "la vía inadecuada y torticera con la que se aprobó la disposición, aportándola a última hora a una Ley del Suelo sin haber formado parte de la motivación ni discusión de la Ley; y la inseguridad Jurídica generada con su aprobación".
Así, explican que este fallo "tiene como primera consecuencia directa la anulación por pleno derecho de la Disposición Adicional Octava de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia, por lo que los límites de los Espacios Naturales vuelven a situarse donde estaban en 2001, recuperando 11.502 hectáreas protegidas ambientalmente (Ver tabla de detalle al final)".
Como efecto secundario, supone el fin definitivo al Proyecto Urbanístico-Especulativo de Marina de Cope, "y una herida mortal para muchos planes parciales planteados en diferentes municipios de toda la Región", añaden.
Asimismo, han añadido que esta sentencia, junto con la ratificada del Tribunal Superior de Justicia suponen "dar la puntilla y acabar con el Modelo Urbanístico de Valcárcel, que no sólo se ha demostrado desastroso económica y socialmente, sino que ahora se demuestra que era contrario a la legalidad vigente".
Para concluir, Ecologistas en Acción pide que Valcárcel declare la anulación del Proyecto Urbanístico; una moratoria urbanística inmediata en los 45 ayuntamientos de la Región de Murcia, hasta que se depuren las consecuencias de ambas sentencias; y que se revise de Oficio toda la planificación urbanística regional y de los 45 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, para restituir la legalidad urbanística y ambiental en ellos.
"La asunción de responsabilidades por estas irregularidades en la política urbanística del Gobierno Regional, cuyas temeridades y errores hemos de pagar los ciudadanos a costa de perder la financiación para servicios públicos como sanidad, educación o transporte público", concluyen.
