MURCIA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno municipal no tenía el permiso de Cultura para los trabajos en el yacimiento de El Lago y el concejal Ricardo Segado mintió al Pleno cuando afirmó por tres veces que la obra se había hecho de acuerdo a la Ley, ha denunciado el portavoz popular, Francisco Espejo.
Ante la precipitación con la que se selló el yacimiento, el Grupo Popular preguntó en el último Pleno al Gobierno si había cumplido los trámites legales. El concejal de patrimonio contestó que "por supuesto" y repitió que el Gobierno de López "lo hace todo dentro de la legalidad".
"Nosotros insistimos en preguntar si esos trámites incluían los permisos de la dirección general de Cultura y Ricardo Segado aseguró una vez más que se habían hecho todos los trámites como dice le ley", afirma el portavoz.
Sin embargo, el Grupo Popular ha podido confirmar que la obra es ilegal, porque se hizo sin la autorización de Cultura, que es obligatoria antes de realizar cualquier actuación sobre yacimientos.
Y es que, la Ley de Patrimonio de la Región de Murcia obliga a que exista un proyecto aprobado antes de cualquier obra y este Gobierno no la tenía a pesar de que los trabajos afectan a dos BIC, ha dicho el Espejo.
El portavoz popular ha añadido que "ahora entendemos por qué José López salió en auxilio de su concejal y le recomendó que no nos contestara. No había permiso y ellos lo sabían".
ACCESO AL EXPEDIENTE
"Si hay algo seguro en el calendario es la fecha de la Semana Santa, por eso el Gobierno no puede poner las fiestas como excusa para sus prisas. Podían haber programado los trabajos y los trámites con tiempo suficiente, pero no lo hicieron. Actuaron tarde y decidieron saltarse la ley cuando vieron que las fiestas se les echaban encima. Han demostrado incompetencia y desprecio por la Ley", ha dicho el portavoz.
Espejo ha anunciado que el Grupo Popular va a pedir más explicaciones al Gobierno y acceso inmediato al expediente de la obra para conocer las responsabilidades. "Tomaremos nuestras decisiones porque mentir al Pleno es un grave desprecio que debe tener consecuencias. El patrimonio histórico de Cartagena no puede estar en manos de personas que no respetan las leyes de protección".
