El Gobierno regional demanda estabilidad presupuestaria y transversalidad para hacer frente a la violencia de género

MURCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Consensuar cuanto antes un nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ya que el actual finaliza en 2022, y dotarlo de estabilidad presupuestaria y transversalidad que incluya a todas las áreas de gobierno, ya sea a nivel nacional, regional o local, es una de las peticiones que le ha trasladado la vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el encuentro que han mantenido este jueves.

Durante la reunión Franco ha trasladado la necesidad de avanzar en las políticas públicas encaminadas a alcanzar una igualdad real y efectiva. Además, mostró las inquietudes de su Departamento respecto a la ejecución del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Al respecto, pidió "que se nos dé luz sobre su estado de ejecución, y que se puedan contemplar gastos del mismo para subsanar los problemas de personal con los que se ha encontrado la Comunidad, al asumir una carga de trabajo adicional al implantarlo".

En este sentido, la consejera ha solicitado una "mayor agilidad en el ingreso de los créditos, para poder ser operativos a la hora de realizar los trámites administrativos", así como "darles un carácter plurianual que facilite la continuidad de los proyectos que se realizan en los 29 CAVIS y PAES con que cuenta la Región de Murcia", según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

En el encuentro, ambas han tratado sobre las políticas impulsadas y compartidas por el Ministerio de Igualdad y el Gobierno regional, como el 'Plan Corresponsables', sobre el que Franco solicitó "mayor claridad y la implicación trasversal del Ministerio de Empleo, para la creación de empleo de calidad y bolsas de cuidado".

Asimismo, la vicepresidenta ha planteado algunas líneas innovadoras en materia de gestión, "que pueden ser objeto de impulso por parte de Gobierno regional y que permitirían desarrollar proyectos piloto como los Centros de Atención Integral a Víctimas de Agresiones y\o Violencia Sexual (CAVAX), sobre los que la ministra se mostró muy interesada".

Por último, la consejera ha reclamado una consignación presupuestaria "para contribuir al desarrollo de políticas contra la discriminación del colectivo LGTBI, que poco a poco va consolidándose en nuestra Región, con la puesta en marcha del I Observatorio contra la Discriminación LGTBI o la creación de la I Guía de Delitos de Odio".