Advierte que en ese caso apoyará futuras movilizaciones y convocará a la ciudadanía a defender la gestión pública
MURCIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Intersindical, ante el anuncio del consejero de Economía y Hacienda, Salvador Marín, de un nuevo Pacto Social, ha mostrado este jueves "su más absoluto rechazo a la entrada de capital privado en servicios públicos esenciales, que hoy son prestados por la Administración regional".
Según el sindicato, "la privatización de los servicios públicos, sea cual sea su formato, conlleva su inmediato deterioro, por la sencilla razón de que los objetivos de las inversiones públicas y los de las privadas son distintos, cuando no directamente contrarios".
En un caso se pretende la rentabilidad social y en el otro el beneficio económico particular, añade la Intersindical en comunicado de prensa.
No es aceptable, a juicio del sindicato, que "en servicios como la Sanidad o la Conservación de Carreteras, en los que parecen estar pensando, se implanten modelos de gestión privada".
"Todas las experiencias que se han dado en otros territorios demuestran que, a largo plazo, lejos de mejorar las prestaciones y servicios y abaratar el gasto, se empeoran y encarecen", asegura.
A pesar de las afirmaciones de algunos miembros del Gobierno regional, como es el caso del consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, subraya, "la privatización de servicios afectará, sin duda, al personal empleado público que hoy realiza estas labores y cada servicio afectado, en su conjunto, perderá empleo y calidad".
Y comunica que los trabajadores de la Consejería de Obras Públicas que realizan el servicio de mantenimiento y conservación de carreteras, preocupados por su situación, ya están haciendo llegar al director General de Carreteras, José Antonio Guijarro, su oposición a que se incluya su servicio entre los que puedan pasar a gestión privada.
Si el Pacto Social anunciado contiene, finalmente, contenidos que permitan a la Administración privatizar Servicios Públicos esenciales, la Intersindical resalta que se opondrá firmemente y apoyará las movilizaciones que las personas trabajadoras afectadas decidan, "convocando a la ciudadanía a defender la gestión pública de los Servicios Públicos, contra la intención de convertirlos en negocios privados pagados con dinero público".
