El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, asistió al pleno de la Asamblea Regional, donde respondió las preguntas de los grupos parlamentarios - CARM
CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)
El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha anunciado este miércoles que el Consejo de Gobierno iniciará este jueves los trámites para ampliar en 1.646 las plazas destinadas a personas mayores y con discapacidad, una medida con la que el Ejecutivo autonómico prevé reducir las listas de espera más de un 90% en el caso de las personas mayores y aproximadamente un 47% en el de las personas con discapacidad.
Así lo ha avanzado durante la sesión de control al Ejecutivo en la Asamblea Regional, en respuesta a una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Vox Rubén Martínez sobre los motivos por los que las personas mayores y con discapacidad no recibirán este año las ayudas individualizadas correspondientes a 2026.
En concreto, la ampliación contempla una nueva oferta de 976 plazas concertadas para personas mayores y personas con discapacidad, a las que se sumarán otras 670 plazas en centros de día, residencias y servicios de promoción de la autonomía personal. "El Consejo de Gobierno va a aprobar en los próximos días una estrategia para reforzar la dependencia", ha avanzado López Miras, quien ha asegurado que el objetivo es poner en marcha estas nuevas plazas para reducir las listas de espera.
Durante su intervención, el presidente ha reprochado a Vox que no haya respaldado distintas iniciativas parlamentarias relacionadas con la atención a las personas vulnerables y ha cuestionado que la formación critique la gestión de las ayudas mientras vota en contra de medidas destinadas a reforzar el sistema de dependencia.
En este sentido, ha recordado que Vox votó en contra de iniciativas debatidas los días 26 de mayo, 9 de septiembre y 13 de octubre, así como de propuestas para incorporar nuevos recursos al sistema de dependencia y facilitar subvenciones directas a entidades que atienden a personas con discapacidad, dependientes y mujeres embarazadas.
También ha criticado que la formación no apoyara la toma en consideración de una proposición de ley del PP para establecer equivalencias entre los grados de dependencia y discapacidad y suprimir el copago para personas con enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
Por su parte, Martínez ha denunciado que las ayudas individualizadas correspondientes a 2026 "ni se han convocado ni se han pagado" y ha acusado al Ejecutivo de retrasar su tramitación hasta 2027. El parlamentario ha señalado que numerosos ciudadanos llevan meses esperando subvenciones para adquirir audífonos o adaptar sus viviendas y ha exigido al presidente que explique "dónde está el dinero" destinado a estas prestaciones.
Por otro lado, en respuesta a una pregunta del portavoz parlamentario del PP, Joaquín Segado, sobre las consecuencias de la suspensión temporal del trasvase Tajo-Segura por las obras de reparación del acueducto, el presidente del Gobierno regional ha advertido de que la Región podría dejar de recibir 65 hectómetros cúbicos destinados al regadío y otros 20 para abastecimiento, según las previsiones más conservadoras que maneja.
"Está valorado cada hectómetro cúbico en cuatro millones de euros", ha señalado el presidente, que ha advertido de las consecuencias económicas que tendría para el sector agrícola regional la pérdida de estos recursos hídricos. Según esa valoración, los 65 hectómetros cúbicos destinados al regadío representarían un impacto potencial de 260 millones de euros.
López Miras ha calificado la situación de "cierre encubierto" del trasvase y ha acusado al Gobierno central de aprovechar la avería para mantener paralizada la infraestructura durante seis meses, hasta la aplicación de las nuevas reglas de explotación. "Su objetivo es cerrar el trasvase Tajo-Segura y han encontrado una excusa más para cerrarlo seis meses", ha afirmado el presidente, quien ha reclamado explicaciones sobre el calendario de reparación de las instalaciones y la financiación del agua desalada que deban utilizar los regantes.
Por otro lado, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha preguntado a López Miras por su posición ante la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) anunciada por el Gobierno de España.
"Yo considero que todas las subidas del salario mínimo, de cualquier salario, son positivas y son necesarias, y además un elemento indispensable es que sean posibles. Si se cumplen estos requisitos, por supuesto que estoy a favor", ha respondido el presidente.
Fernández ha criticado que la Región de Murcia registre el segundo salario más bajo de España y ha asegurado que los trabajadores murcianos cobran 265 euros mensuales menos que la media nacional. La diputada socialista ha defendido que el Gobierno central ha elevado el salario mínimo de 736 a 1.221 euros, lo que supone un incremento del 66 por ciento, y ha destacado que esta medida beneficia a más de 100.000 trabajadores de la Región. "El salario mínimo se va a fijar por decreto, señor López Miras, por decreto, porque sabemos exactamente a quién tenemos que defender en este país", ha afirmado Fernández, que ha acusado al PP de no respaldar de manera clara las mejoras salariales.
En su réplica, López Miras ha sostenido que el principal problema de las familias españolas es la pérdida de poder adquisitivo derivada del encarecimiento de los productos básicos y de la vivienda. "Ustedes han empobrecido a España, han empobrecido a los españoles y han empobrecido a las familias más vulnerables", ha afirmado el presidente, quien ha señalado que el incremento de los salarios debe analizarse teniendo en cuenta la evolución del coste de la vida.
En este sentido, ha defendido las políticas fiscales de su Ejecutivo y ha destacado que los contribuyentes de la Región de Murcia se beneficiaron de un ahorro fiscal de 208,6 millones de euros en la campaña de la renta de 2025, un 21% más que el año anterior.
López Miras ha contrapuesto estas medidas a la política fiscal del Gobierno central, al que ha acusado de incrementar la presión tributaria sobre las familias mientras aumentan los precios de los bienes y servicios esenciales.
