La consejera de Familia también informa en la Asamblea de que ya no hay lista de espera para la Renta Básica de Inserción
CARTAGENA (MURCIA), 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
En la Región ya hay más de 10.000 personas dependientes en lista de espera para recibir la prestación. La consejera de Familia e Igualdad *de Oportunidades, Violante Tomás, ha informado esta mañana en la Asamblea Regional de que aunque en la Comunidad ya hay más de 26.000 dependientes que reciben una prestación, la lista de espera supera en la actualidad las 10.000 personas "porque en verano se incorporaron más de 8.000 personas con el grado uno".
La consejera ha informado de que se están redoblando los esfuerzos y se ha aumentado el número de personas que valoran la dependencia y discapacidad "para dar respuesta enseguida".
Asimismo, dice que se están incrementando las plazas en centros de día y en las residencias de mayores, las ayudas a domicilio y la teleasistencia, entre otros servicios.
Actualmente, en la Región hay más de 4.000 plazas para personas con discapacidad en centros de día y residencias y hay 9.600 servicios para personas mayores. Según Tomás, se espera dar plaza este año a cerca de 6.000 personas de cuidados en el entorno.
Además, ha adelantado que se crearán 368 nuevas plazas para personas con discapacidad y 200 nuevas para personas mayores este año. "El objetivo es duplicar los recursos al año 2019", ha señalado.
Durante su intervención, la consejera se ha mostrado también "orgullosa" de la redacción del Reglamento de la ley de Renta Básica y de que ya no haya lista de espera.
"Era nuestro objetivo principal, estamos derivando ayudas a través de los ayuntamientos y ONG para que las personas que tengan una necesidad la tengan cubierta", ha afirmado.
En este sentido, ha recordado que en él se refleja el aumento de las rentas de 300 a 426 euros. Se espera aprobarlo en verano. Además, ha recordado que en 2016 hay un presupuesto de 14 millones de euros para la Renta Básica de Inserción, aunque "es una partida abierta" sujeta a modificaciones, "esperamos incrementar esa partida porque cuando una persona está en un itinerario de inserción y se le acaba la renta básica, no vamos a dejar de dársela", ha dicho la consejera.
El año pasado accedieron a esta prestación 14.000 personas, más de 5.500 familias. Inicialmente se contaba con 8,7 millones de euros, aunque debido a las necesidades posteriores, esto se incrementó hasta llegar a los 10,2 millones.
La consejera ha comparecido en el parlamento regional a petición propia y del PSOE para explicar las líneas de actuación del departamento que dirige y la financiación y mantenimiento de los servicios sociales básicos de ayuntamientos y mancomunidades tras la entrada en vigor de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de Administración Local.
De este modo, ha presentado las líneas estratégicas de actuación en Servicios Sociales 2016-2020, en la que se incluye la redacción de una nueva Ley de Servicios Sociales con el objetivo de responder a las necesidades y redefinir las competencias de las entidades que intervienen en el sistema.
La Consejería planea poner en marcha una serie de medidas de Política Social, que cuentan con 300 millones de euros para apoyar a personas mayores, menores, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad y familias en situación de pobreza.
"Vamos a acompañar a menores extutelados que han cumplido los 18 años, en aquellos casos en los que no tienen familiares que los puedan atender", ha señalado durante su comparecencia.
Según ha advertido, se les ofrecerá un hogar-vivienda hasta que se reincorporen en la sociedad. Para lograr que se incorporen al mundo laboral, la Dirección General de Familia y Políticas Sociales destinará hasta 2021, más de un millón de euros para desarrollar un programa en el marco de la Garantía Juvenil que facilite información o formación complementaria.
PIDEN MEDIOS PARA LOS AYUNTAMIENTOS
Durante el debate parlamentario, los grupos de la oposición le han achacado una "historia de despropósitos en materia de Servicios Sociales" y dudan de las propuestas que ha lanzado en la Cámara la consejera.
La diputada del PSOE Consuelo Cano, le ha achacado al Gobierno regional que cada vez que pronuncian la palabra sostenibilidad o racionalización *"hay que echarse cuerpo a tierra".
Opinan que en materia de política social, la Administración regional "está más por tutelar a los ayuntamientos que por prestarles los medios necesarios para que desarrollen las funciones que vienen haciendo desde hace mucho tiempo".
Los socialistas piensan que con estas medidas y con el "centralismo de las comunidades autónomas estamos creando un Estado dentro del Estado".
Desde el PSOE consideran que el centralismo de las comunidades autónomas "perjudican sensiblemente a todos los colectivos de personas desfavorecidas, mientras que los ayuntamientos siempre han sido los que han socorrido al que más lo necesita".
Desde Podemos, Mari Ángeles García ha pedido a la consejera un plan regional de Servicios Sociales que contemple un "diagnóstico real" de la situación en la Región. "Queremos que nos diga qué recursos se van a dotar para financiar estos objetivos", ha dicho, al tiempo que considera que la consejera ha tratado de "bordear la legalidad para no presentar ese plan regional".
Además, ha recordado que con los recortes se redujo un 65% la financiación de los servicios sociales, un 20 por ciento menos de los profesionales y ha expuesto que la Región es la quinta comunidad "peor valorada", según el Observatorio regional de la Dependencia.
Por parte de Ciudadanos, Juan José Molina ha coincidido con las opiniones de los otros grupos de la oposición y dice parecerle "una barbaridad" que haya más de 10.000 personas en lista de espera para dependencia.
A su entender, debería ponerse en marcha una tarjeta solidaria "para hacer un seguimiento e intentar sacar a la gente de la situación de pobreza extrema".
Este plan se ha dotado presupuestariamente con 3,5 millones de euros y aunque inicialmente se pensó en ponerla en marcha en ciudades como Murcia o Cieza, cree que "sería más efectiva si se comenzara en los municipios más pequeños para después extenderla a toda la Región".
Por último, la popular Inmaculada González ha señalado que con la comparecencia de la consejera se ha puesto de manifiesto que la política social "es un eje prioritario en el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez".
La diputada del PP ha incidido en que el Gobierno está trabajando en una ley de servicios sociales en el que se abordarán "todas" las cuestiones de política social y que durante este tiempo se han "incrementado el número de plazas de residencia y se pondrá en marcha la tarjeta única que acredita la discapacidad".
