MURCIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, ha anunciado que el Ejecutivo regional, junto con los de otras comunidades autónomas, está estudiando la "validez legal" de la decisión del Gobierno central de autorizar el uso de los ingresos derivados de la cotización por formación profesional para el pago de prestaciones por desempleo.
En una rueda de prensa ofrecida por vía telemática, Motas ha indicado que varias autonomías están valorando la validez de esta autorización porque las partidas que reciben los diferentes territorios para la formación profesional tienen carácter finalista y su periodicidad es anual.
El titular de Empleo ha denunciado que en el caso de la Región de Murcia, esta medida supondrá dejar de percibir 30.783.267 euros, una cifra destinada a la puesta en marcha de políticas activas de empleo que equivale al 32 por ciento del presupuesto total del Servicio de Empleo y Formación (SEF).
Asimismo, ha señalado que esta decisión, que ha sido tomada "de forma unilateral", es "una injerencia y un menosprecio" por parte del Gobierno de la Nación a las Comunidades y refleja la "ausencia de sintonía" entre éste y las administraciones autonómicas, que necesitan ese dinero para impulsar políticas activas de empleo.
Este "recorte" afectará, según ha agregado el consejero, a "todo lo que tiene que ver con la formación de personas que buscan empleo", que "son los que más apoyo necesitan". "Nos dejan prácticamente sin poder ejecutar" acciones en este sentido, ha remarcado Motas, a preguntas de los periodistas.
