El PSOE alega contra el decreto de admisión a centros educativos de la Comunidad por considerarlo "ilegal"

MURCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El PSRM-PSOE ha presentado cinco alegaciones al proyecto de decreto de admisión en centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma, actualmente en fase de exposición pública, por contener "incumplimientos graves" sobre la Ley Orgánica de Educación en los términos en que ha sido modificada por la LOMLOE.

Así lo ha anunciado este miércoles el líder de los socialistas murcianos, Diego Conesa, quien ha subrayado que la LOMLOE "mantiene intacta la libertad de los padres para elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos" y, por tanto, "no hay ningún condicionamiento previo" que impida a los progenitores decidir.

"Desde el PP y el gobierno de tránsfugas de López Miras mienten de forma descarada cuando afirman que la nueva Ley Educativa elimina o cercena esa libertad. Eso es completamente falso, hay libertad absoluta para elegir el centro", ha insistido Conesa.

Al hilo, ha explicado que, según la LOMLOE, en el caso de un centro educativo que cuenta, por ejemplo, con 60 plazas, y que recibe 60 peticiones como primera opción, todas serán admitidas, "vivan donde vivan, tengan los recursos que tengan" los padres, y con independencia de si algún familiar estudia allí. Esto ocurre, según Conesa, para el 95 por ciento del alumnado.

Pero si ese mismo colegio o instituto recibe más solicitudes de admisión que plazas tiene, "se hace imprescindible establecer unos criterios" para que, a modo de desempate, puedan adjudicarse las plazas "de la forma más justa y equitativa posible".

Al respecto, ha matizado que esto sucede "antes y después de la LOMLOE", una norma que, añade, lo que hace es otorgar las vacantes en función de tres criterios carácter preferente, que son: la existencia de hermanos estudiando en el centro; la proximidad de este al domicilio familiar o el centro de trabajo de los padres y la renta per cápita de la unidad familiar.

Frente a esto, Conesa ha puesto de relieve que el decreto que ha preparado el Gobierno regional "solo respeta como preferente" el criterio de la presencia de hermanos en el mismo espacio educativo, "pero ni lo respeta en el conjunto de los tres criterios ni para dos de ellos".

Esto es así porque "en el conjunto de los criterios estos tres preferentes solo alcanza el 43 por ciento", sin tener en cuenta apenas, según ha denunciado, el de la renta de la unidad familiar, cuyo peso en el baremo "no llega a ser ni tan siquiera del uno por ciento del total".

"¿Cómo es posible que un criterio que debe ser prioritario no represente ni el uno por ciento del peso relativo en la puntuación?", se ha preguntado al respecto.

El dirigente socialista ha remarcado que nadie está obligado a llevar a su hijo o hija al centro educativo que tiene cerca de casa. "Pero es razonable que quien sí elija llevar a sus hijos al colegio que tiene cerca de casa o del trabajo, tenga preferencia para hacerlo, por tres razones fundamentales: facilita la conciliación de la vida laboral y familiar, es beneficioso que los niños no tengan que invertir mucho tiempo en desplazamientos de ida y vuelta al colegio y favorece una movilidad sostenible en las ciudades, evitando desplazamientos", ha dicho.

Por último, Diego Conesa ha dicho que, con este decreto, "López Miras no garantiza a las familias poder llevar a sus hijos al colegio que tienen más cerca de casa o del trabajo", al tiempo que ha avanzado que el PSRM no descarta llegar hasta la vía judicial si el Ejecutivo murciano no rectifica.

Por ello, le ha instado a rectificar porque si no lo hace, "aprobará un decreto ilegal, contrario a una ley orgánica estatal, creando inseguridad jurídica en las familias y jugando a confrontar con el Gobierno de España en un tema tan importante como es la educación", y con ella "ni se juega ni se confronta".

CINCO ALEGACIONES

En concreto, las alegaciones del PSRM se centran en rectificar lo que considera una "vulneración" del carácter prioritario de determinados criterios de admisión, como la proximidad al centro y la renta familia; la omisión o configuración "insuficiente" de los criterios de condición de víctima del terrorismo o violencia de género; la "falta" de criterios suficientes y garantías para un adecuado establecimiento de la zonificación; la "vulneración" de la prohibición de modificación de los criterios de admisión por especialización curricular y la "ausencia" de medidas para cumplir el mandato legal de prevención de la segregación escolar.