MADRID/MURCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha expresado este martes su "preocupación" por las consecuencias que la legislación regional puede tener sobre el Mar Menor, al considerar que, lejos de contribuir a recuperarlo, "relaja la normativa".
Ribera ha indicado que el camino adoptado por el Gobierno regional en torno a la laguna salada está marcado por "las presiones desde zonas turísticas", entre otras. Esta, a su juicio, "no es una solución", porque se trata de acciones "particularmente peligrosas para el ecosistema".
La ministra ha insistido en que para recuperar el Mar Menor es fundamental impulsar "medidas estructurales profundas", en la línea de lo que "requiere el conjunto de ciudadanos de la zona", y para ello ha considerado imprescindible trabajar desde los tres niveles de las administraciones públicas.
Ribera ha señalado que desde hace meses el Ministerio mantiene activas algunas líneas de trabajo dentro del plan de actuaciones del Mar Menor, entre las que ha destacado la declaración del acuífero de riesgo, "donde se acumulan los nitratos y que están en el origen fundamental de la sopa verde".
Así, ha recordado que ha pedido al Gobierno regional que active las medidas para vigilar el uso del agua en las actividades agrícolas. En este sentido, la Fiscalía se ha puesto en contacto con el Gobierno para llevar a la práctica el principio de "quien contamina paga".
"Estamos trabajando en medidas de restauración para la correcta preservación del entorno del mar Menor", ha añadido la ministra, tras lo que ha apuntado que entre esas actuaciones se encuentran las coordinadas con Demarcación de Costas, para la recuperación de las costas afectadas.
Asimismo, Ribera ha resaltado otras dos líneas importantes para ella, como son la restauración de la balsa de residuos mineros, que "está también en el origen del vertido", para lo que el Ministerio quiere hacer "un esfuerzo adicional", y el trabajo conjunto con las autoridades locales, con el fin de aumentar la protección de este espacio natural.
Además, la titular de Transición Ecológica ha aplaudido la acción de la ciudadanía y colectivos sociales en defensa del medio ambiente, como es el caso de Cabo Cope, en Águilas, que se encontraba en manos de la SAREB hasta que fue adquirido por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) hace unos meses.
