MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -
Unos 50 miembros de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo se concentraron este martes ante la Delegación del Gobierno en Madrid en protesta por las multas impuestas a 11 de sus miembros por haber participado en actos y concentraciones ante el Tribunal Supremo en defensa del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y en apoyo de los familiares de víctimas, en las que se solicitaba que se juzgaran los crímenes del franquismo.
Al grito de "¡anulación de multas y expediente!" los miembros de la plataforma, todos ellos de edades superiores a los 60 años, han pedido que se devuelva el importe de las sanciones de 300 euros por faltas leves y 1.000 euros por faltas graves a las personas que se concentraron los días 31 de enero y 7 de febrero ante el alto tribunal coincidiendo con el inicio de los juicios contra el exmagistrado.
"Basta ya de Estado policial", han gritado los concentrados que han criticado además al presidente del alto tribunal, Carlos Dívar, tras el archivo por parte de la Fiscalía de la investigación abierta en su contra por una presunta utilización de fondos públicos en viajes privados. "Nuestras multas van a parar al listo de Dívar", coreaban los 50 manifestantes, apostados a las puertas de la Delegación responsable de las sanciones.
En declaraciones a Europa Press el portavoz de la Plataforma Julián Rebollo, ha asegurado que este tipo de medidas no van a conseguir "callarles". "Seguiremos pidiendo la reparación de los crímenes del franquismo", ha asegurado.
Rebollo ha calificado a Dívar como "un chorizo indeseable" que "se va de fin de semana con nuestro dinero" y ha reprochado a la Delegación de Gobierno su actitud. "Están para ayudar a los ciudadanos, no para perseguirlos", ha dicho.
Según ha explicado la Plataforma las sanciones impuestas suponen un total de 5.000 euros. "Estas multas son injustas y lo que pretenden las autoridades es parar la lucha y callar la boca a los ciudadanos que piden que se juzguen los crímenes del franquismo", ha indicado la asociación en una nota de prensa.
La asociación recuerda que en ningún momento los manifestantes alteraron el orden público y que los sancionados son familiares de víctimas y todos ellos jubilados.
Además, la Plataforma entregará un escrito a la Delegación de Gobierno y al Tribunal Supremo con las firmas de más de 3.000 ciudadanos que también estuvieron protestando ante el Tribunal Supremo y se sienten "solidarios y participes como los sancionados".
