La Abogacía Española participa en Viena en la preparación de la hoja de ruta de la profesión para 2026

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha participado en la 54ª Conferencia Europea de Presidentes de Consejos de la Abogacía (EPK), que se está celebrando en Viena tras la reunión del Comité Permanente del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), dos citas en las que se ha marcado la hoja de ruta de la abogacía europea para 2026, ha informado la Abogacía Española en un comunicado.

"Estamos abordando temas fundamentales que nos permitirán seguir avanzando en la mejora del ejercicio y de los derechos de los abogados en Europa, claves para la Abogacía Española", ha señalado.

La sesión del Comité Permanente del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) se celebró ayer jueves, y fue la primera en la que participa como vicepresidenta segunda de CCBE la abogada española Noemí Alarcón, desde que inició su mandato el 1 de enero de este año. Alarcón es miembro de la subcomisión de Extranjería y Protección Internacional de Abogacía Española.

En la reunión se aprobó la propuesta hecha por Alarcón, apoyada por Abogacía Española, para que CCBE intervenga como 'amicus curiae' ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso Ursa REGVAR contra Eslovenia. En concreto, se refiere a una nueva disposición que obliga a los abogados de refugiados a comunicar a las autoridades estatales información relevante sobre las personas a las que representan.

Alarcón subrayó que para CCBE esto supone "una violación del secreto profesional del abogado y de la confidencialidad de la comunicación entre el cliente y el abogado", y expresó la "preocupación de que esta legislación se replique en otros países".

La violación del secreto profesional se abordó también en relación con la Directiva relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, y en la aplicación de la DAC6. En su respuesta a la consulta pública, CCBE pidió que incluya la obligación de los Estados miembros de prever una exención de la obligación de facilitar información sujeta al secreto profesional.

También se abordó la movilidad de abogados dentro de la UE, así como el reconocimiento de las cualificaciones de los abogados de terceros países. En la respuesta a la consulta pública sobre la Iniciativa para la Transferibilidad de las Competencias, que recibió el apoyo de la delegación española, se puso de manifiesto que el marco vigente actualmente en la UE ya garantiza la seguridad jurídica en ambas cuestiones, por lo que CCBE no considera necesario realizar cambios.

La delegación española también apoyó la respuesta de CCBE a la consulta de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado sobre el borrador del texto de un posible convenio sobre procedimientos paralelos y acciones conexas con jurisdicciones extracomunitarias.

El presidente de Abogacía Española mantendrá, además, una reunión bilateral con la Law Society y otra con las presidencias de las abogacías de Portugal, Italia y Francia, en la que también participará Alarcón.

CIBERDELINCUENCIA, SEGURIDAD Y LIBERTAD DE LA SOCIEDAD

En un contexto marcado por el crecimiento exponencial de la ciberdelincuencia, el fraude digital y las amenazas híbridas, "el debate sobre el equilibrio entre libertad y seguridad adquiere una renovada urgencia", ha señalado la Abogacía.

Por ese motivo, los presidentes europeos han abordado el debate de libertad frente a seguridad, el Estado de derecho bajo la presión de la delincuencia moderna.

La Abogacía Española ha señalado que, en este escenario, la abogacía desempeña "un papel insustituible como garante del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales".

"Corresponde a los profesionales del Derecho velar por que las políticas de seguridad se articulen dentro de límites jurídicos claros, con control judicial efectivo y respeto estricto a la privacidad, la presunción de inocencia y el debido proceso", ha destacado el presidente de la Abogacía Española.

Además, los presidentes escucharon la intervención del jefe de unidad en la Dirección General de Migración y Asuntos Internos de la Comisión Europea, Julian Siegl.

Según ha afirmado la Abogacía Española, "la respuesta de los Estados ha implicado un progresivo refuerzo de los instrumentos de control, supervisión y recopilación de datos, incluyendo el uso de tecnologías biométricas y sistemas avanzados de identificación, incluso respecto de menores".

Estos temas se están abordando también en el marco del diálogo entre las instituciones de la abogacía europea y de la Unión Europea.