La Abogacía pide una reforma de la justicia gratuita para que "cese el alarmante retroceso" de derechos

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer defendió hoy la necesidad de reformar la actual Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, dado el "alarmante retroceso" que se está produciendo en la defensa de los derechos y libertades de los usuarios de este servicio público.

Durante un desayuno informativo celebrado en la sede del CGAE, Carnicer defendió que el modelo de justicia gratuita que España se dotó con la ley de 1996 funciona "perfectamente" y es "referencia en el mundo", pero subrayó la necesidad de adaptarlo a los cambios que se han producido en los últimos años y de responder a los "recortes" que están sufriendo algunos de sus beneficiaros.

Por ello, Carnicer aseguró que la Abogacía está dispuesta a participar en los procesos de reforma que sean necesarios para adecuar el funcionamiento de la justicia gratuita a la actual realidad social, defender los principios y derechos constitucionales, eliminar ineficiencias o posibles abusos y, en suma, mejorar este servicio esencial para el sistema de Justicia.

DIFERENCIAS TERRITORIALES

El presidente de los abogados lamentó que en España se ha llegado a una situación en la que los ciudadanos reciben "distinto trato" en función de la comunidad en la que residen y, en concreto, apuntó a las comunidades de Valencia y Madrid como aquellas en las que la situación reviste mayor "preocupación".

Según Carnicer, en estas dos comunidades, que no mantienen ninguna "interlocución" con la Abogacía, es donde hay "un mayor desfase" entre la previsión presupuestaria para 2010 y la realidad. "No entendemos cómo si la previsión económica del año precedente ha sido escasa y se prevé un incremento de asuntos, la previsión presupuestaria se puede rebajar", denunció Carnicer. En su opinión, esto "necesita una explicación política y una corrección".

El presidente del CGAE aseguró que la Abogacía es consciente de los problemas derivados de la crisis económica, pero defendió que esta situación "no deben pagarla los más afectados por la crisis, los más débiles".

En su opinión, el hecho de que haya comunidades que congelen los presupuestos destinados a este servicio, a pesar de que el número de solicitudes está aumentando entre un 20 y 30%, supone un recorte de derechos, ya que "si no hay presupuesto será imposible atender las demandas de los ciudadanos sin recursos".

DIFICULTADES A INMIGRANTES

En la rueda de prensa, el vicepresidente del CGAE y nuevo responsable del área de justicia gratuita, Luis Nieto, denunció también otros recortes de derechos que se están produciendo en ámbitos como el de la extranjería, ya que se está empezando a exigir una "ingente documentación" a inmigrantes para que puedan acceder a este servicio, en ocasiones información que deben solicitar en sus países de origen.

Nieto lamentó los recortes en algunos centros penitenciarios, que no tienen acceso a los servicios de orientación y asistencia jurídica gratuita, ya que carecen de financiación. En muchas ocasiones, estos servicios a presos se prestan por profesionales voluntarios y en otras, han sido suspendidos. Igualmente, criticó el "déficit estructural" para poder atender a los casos de violencia de género, que exigen una asistencia "24 horas al día, siete días a la semana".

Además, denunció la "inseguridad jurídica" que provoca las modificaciones que han hecho algunas comunidades autónomas en estos servicios. En concreto, el CGAE ha criticado que Madrid haya manifestado su intención de reformar la actual ley "por supuesto sin contar con la opinión de la Abogacía" y ha intentado "privatizar algunos de los servicios prestados por los Colegios de Abogados".

También provoca inseguridad, alegó, que las comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de las comunidades no sigan "ningún criterio escrito para la concesión o denegación del beneficio" y estén "endureciendo" los requisitos que exigen para acceder a este servicio.

Carnicer defendió que el sistema actual funciona porque hay 35.000 abogados que "trabajan con la máxima decidación, esfuerzo y calidad", en un servicio que es utilizado por más de un millón de personas y que recibe "escasísimas quejas".

ABOGADO DE OFICIO, NI JOVEN NI INEXPERTO

El presidente del CGAE aprovechó también para intentar desterrar la imagen de que el letrado español que se dedica al turno de oficio es "joven e inexperto". Los estudios, explicó, han demostrado que la media de edad del abogado de oficio es de 41 años, con más de 13 años de ejercicio profesional y formación específica.

En cualquier caso, y con el objetivo de mejorar la prestación de este servicio, la Abogacía española ha propuesto la celebración de un encuentro en el marco del Observatorio de Justicia Gratuita con el Ministerio de Justicia, Fiscalía, Consejo de Estado, Abogacía del Estado, consejeros de las comunidades autónomas y el Consejo General de la Abogacía Española para debatir sobre el actual modelo de Justicia Gratuita y proponer qué aspectos deben ser objeto de reforma.

En concreto, Carnicer aseguró que, dentro del marco del Observatorio de Justicia Gratuita, también se propondrá a todos los sectores afectados la elaboración de una propuesta de reforma de la actual Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996.

Mientras tanto, el CGAE continuará realizando encuestas de calidad sobre el grado de satisfacción de los beneficiarios del servicio e incrementará y mejorará los medios colegiales de control de calidad ya existentes.

Además, anunció que los Colegios de Abogados elaborarán y distribuirán la Carta de los Derechos de los beneficiarios en materia de Justicia Gratuita y Turno de Oficio; explicó que se va a proponer la creación del 'Día del Abogado de Oficio', que se celebraría con una jornada de puertas abiertas, y dijo que se convocarán próximamente las IV Jornadas Nacionales de Asistencia Jurídica Gratuita.