MÁLAGA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
El letrado José Carlos Aguilera, personado en el caso 'Arcos', contra la corrupción urbanística en Alcaucín (Málaga), ha instado a la Junta de Andalucía a abrir un expediente informativo sobre el motivo del retraso en hacer las copias digitales de parte de dicha causa, cuyo secreto se levantó hace dos meses, y ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que tome las medidas necesarias para "el correcto funcionamiento de la justicia".
El Juzgado de Instrucción número 3 de la localidad malagueña de Vélez-Málaga decretó el 13 de noviembre el levantamiento del secreto en parte de las actuaciones y el día 24 se autorizó a retirar los originales por parte de la empresa a la que la Consejería de Justicia encargó hacer las copias digitales para las 37 partes personadas. No obstante, según el abogado, recientemente el juzgado recordó que aún no se han recibido las copias ni los originales de la causa.
En este punto, el letrado señaló en un comunicado que al secreto judicial, que se mantiene para las partes menos para el fiscal desde hace casi un año y medio, "se suma ahora el secreto provocado por el mal funcionamiento de la administración responsable de la dirección, impulso y coordinación de la provisión de los medios necesarios, personales y materiales para el funcionamiento de la administración de justicia en Andalucía: la Consejería de Justicia".
Criticó el hecho de que hayan pasado dos meses "sin haber hecho todavía las copias digitalizadas de 7.657 folios de una causa judicial, lo que excede con creces el tiempo razonable que se precisa para ello: no más de dos días". "Este injustificable e injustificado retraso está perjudicando gravemente de forma irreversible a los derechos constitucionales de los imputados en este procedimiento", apuntó.
Asimismo, añadió que es "un obstáculo para el ejercicio del derecho de defensa" y es "un síntoma de que algo está funcionando, no mal, sino muy mal". Por esto, consideró "necesario" saber por qué está sucediendo este retraso y "tratar de averiguar el responsable o responsables para tomar las medidas que procedan", para lo que ha remitido sendos escritos a la Secretaría General para la Justicia de la Consejería y al presidente del TSJA.
Así, a la Consejería pide que abra un expediente informativo y que las conclusiones "se expliquen públicamente", mientras que en el caso del Alto Tribunal andaluz, se solicita que, tras tener conocimiento de estos hechos, "adopte, dentro de sus competencias, las medidas necesarias para el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia y la protección de los derechos y garantías constitucionales de los que están en un proceso penal".
