BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha reclamado este lunes al consistorio una auditoria pública sobre la gestión de la aerolínea Spanair, puesto que estima en un mínimo de 150 millones de euros la inversión de recursos públicos que ha recibido de Ayuntamiento y Generalitat.
En rueda de prensa, ha defendido que "el hecho de que alrededor del 50% de la compañía tiene capital público, obliga al alcalde, Xavier Trias (CiU), a reclamar una auditoría para conocer cuál ha sido el destino de estos recursos públicos y saber la razón que ha llevado a Spanair a la quiebra", ha informado el PP en un comunicado.
Ha vuelto a pedir "información y transparencia" a Trias, y que explique cuándo conoció la decisión de cerrar la compañía, si compartía este cierre y si la Generalitat y Spanair han escondido información; además de saber si se devolverán los préstamos que el consistorio aportó a la Generalitat para la compañía.
"Sería una peor actitud si Trias hubiese silenciado la noticia y no la trasladase a los grupos municipales sobre la delicada situación de Spanair porque habría escondido información primordial, ya que el consistorio se estima que tendría un riesgo económico directo de 40 millones", ha resaltado.
Ha insistido en que Trias está obligado a exigir los motivos del cierre, y más cuando hace pocas semanas que el Ayuntamiento inyectó 25 millones a la compañía mediante un convenio con la Generalitat, "inversiones muy importantes que obligan a dar una explicación para saber si es necesario pedir responsabilidades".
También cree que debe promoverse un plan para garantizar los derechos de los trabajadores y pasajeros, y que el Ayuntamiento debe ponerse en contacto con otras compañías aéreas que ya operan en El Prat, para que lo hagan con más intensidad, y con las que no lo hacen para que vengan.
La portavoz del PSC en el consistorio, Assumpta Escarp, también se ha referido este lunes en rueda de prensa a Spanair, afirmando que "lo más prioritario" es saber cómo quedan los trabajadores, y después que el Gobierno municipal diga cómo quedan sus aportaciones.
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