Argumentan que los deportados estaban en "las mismas listas" que el resto de los alumnos encuadrados en "situación especial"
BILBAO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los profesores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) José Enrique Antolín Iria y Xabier Aierdi han asegurado este lunes ante el Juzgado de lo Penal número 1 de Bilbao que ellos sólo tutorizaron a los deportados de ETA por Francia Belén González Peñalva y Ángel María Lete, pero no se encargaron de su matriculación. En este sentido, han señalado que ambos miembros de la banda se encontraban en la lista de alumnos recluidos en centros penitenciarios a los que había que impartir clases, algo de lo que la UPV/EHU era "conocedora".
Antolín y Aierdi han realizado estas declaraciones durante la primera sesión del juicio que se celebra contra ellos por "prevaricación administrativa" al permitir estudiar a González Peñalva y a Lete, que se encontraban deportados en la República Dominicana y en Cabo Verde, respectivamente. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos ocho años de inhabilitación especial.
Los dos acusados, que sólo han respondido a preguntas del ministerio público y de la defensa, y no a los abogados de la acusación ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Voces contra el Terrorismo, han asegurado que los deportados estaban en las mismas listas de presos que el resto de los alumnos encuadrados en "situación especial". Asimismo, han señalado que la UPV/EHU era "conocedora" de esta situación.
En 1988, mediante un acuerdo suscrito en diciembre de 1998 entre la UPV/EHU y el centro de Bergara de la Universidad de Educación a Distancia (UNED), se articuló un sistema de alumnos especiales para hacer posible que personas recluidas en centros dependientes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias pudieran acceder a carreras impartidas en la Universidad del País Vasco. Éste se extendió más tarde a reclusos de prisiones francesas, algo que fue aceptado por los máximos responsables académicos de la UPV/EHU.
La defensa de los imputados, que ha protestado por la limitación de testigos al inicio del juicio, ha presentado una orden de 1998 del exrector Pello Salaburu por la que era responsabilidad del decanato asumir el control de los denominados alumnos en "situación especial".
En este sentido, Enrique Antolín, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación desde 1998, ha destacado que fue a través de una orden que le trasladó el por entonces decano, Manuel Montero, como se encargó de la gestión de los denominados alumnos en "situación especial". "Es un acto reglado que, me guste o no, había que aceptar", ha añadido.
Asimismo, ha remarcado que él no era el encargado de definir quiénes se incluían en esta categoría, sino que venía definido en la "orden de la institución", abarcando a presos de cárceles españolas, francesas y deportados. "Me guste o no, el alumno tiene derecho a ser formado", ha manifestado.
Tras subrayar que, cuando asumió su responsabilidad tenía a su cargo 2.000 alumnos, 80 de los cuales estaban en "situación especial", ha añadido que, como decano, le gustara o no, tampoco podía decir nada del método de evaluación que se utilizaba en estos casos. Asimismo, ha reconocido que habló con el rector Pello Salaburu y con el por entonces decano, Manuel Montero, de "esta situación".
Por lo que respecta a las condiciones de matriculación, ha destacado que él desconocía los requisitos a cumplir, por no ser competencia suya, y ha destacado que "nunca" ocultó la situación que vivían estos alumnos y era consciente de los contactos que se mantenían con Cabo Verde. "Lete era un alumno más de la lista de 80 que había", ha indicado, para añadir que cree que sí se habló de su situación con Montero.
Por su parte, Xabier Aierdi ha reconocido que fue tutor de los deportados Ángel Lete y Belén González, cumpliendo así la "encomienda" que se le hizo desde la Universidad. Asimismo, ha insistido en que los dos miembros de ETA aparecían "en la misma lista" que el resto de alumnos en situación especial.
Su labor, según ha insistido, se limitaba a tutorizar sus estudios, remitirles el programa de la asignatura y el modo de aprobar, bien fuera a través de exámenes o mediante trabajos específicos, cuestión que decidía "el departamento y el profesor".
Del mismo modo, ha subrayado que los trabajos que remitían ambos alumnos eran trasladados a los profesores, y ha incidido en que su labor no era "gestionar la estructura de los deportados", una cuestión, por otra parte, que "todo el mundo y los órganos de la UPV/EHU conocían".
Tras recordar que Ángel Lete ya había estudiado con anterioridad una Licenciatura en Filosofía ha señalado que la Universidad "sabía de esta situación" y, probablemente, lo conocían "todas las estructuras" del centro.
Aierdi que, al igual que Antolín, se ha negado a responder las preguntas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y de Voces contra el Terrorismo, ha añadido que fue la UPV/EHU quien le encomendó realizar la función de tutor y, además, él no participaba en el proceso de matriculación, cuestión que corresponde a "los órganos administrativos".
"En las listas no se diferenciaba entre presos o deportados. Yo recibo las listas y se supone que los alumnos cumplen con las condiciones de matriculación", ha indicado, para añadir que "carece de capacidad para imponer el modo de evaluación". Asimismo, ha descartado una hipotética "empatía ideológica" con los deportados y ha remarcado que la misma no tendría "nada que ver con las funciones de tutor que debía cumplir".
TESTIGOS
El exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación Manuel Montero ha declarado en la causa como testigo y ha negado tener conocimiento de la existencia de deportados dentro de las listas de alumnos en "situación especial". Además, ha remarcado que "nunca había oído hablar de ellos".
Asimismo, ha incidido en que se trataba de un "programa heredado" desde 1988 y ha defendido que, de haber sabido que se incluían deportados, se habría "opuesto por irregular". También ha defendido que el programa no dependía del Decanato, sino del rectorado.
"Este programa de presos siempre fue mejorable por sus pésimos resultados. Había en su seno reclusos comunes, pero básicamente eran terroristas vinculados a ETA", ha expresado, para añadir que no considera que se hubiera cometido una ilegalidad extender el programa a los deportados.
Asimismo, ha incidido en que la obligación de los profesores era que los matriculados recibieran su formación, "no revisar los criterios de matriculación". También ha negado la existencia en 2003 de un manifiesto de varios profesores en contra del desarrollo de este programa, algo que, por contra, sí han reconocido varios testigos posteriores.
Por su parte, Imanol Tejero, administrativo en la Secretaría de la Facultad de Ciencias de la Comunicación ha manifestado que era a través del cónsul honorario de España en Senegal, que ejercía también funciones en Cabo Verde, como se remitía a Lete el material educativo, además de encargarse de ejercer de "maestro de prisión" a la hora de controlar la realización de los exámenes.
Asimismo, la docente Mari Cruz Mina ha defendido que ella, más que profesora, ejercía de "examinadora y evaluadora", y ha defendido que ordenaba la realización de trabajos a ambos estudiantes porque "me parece que era más difícil falsificar un trabajo que un examen".
El juicio, que está previsto concluya el próximo miércoles, día 13, continuará este martes,a partir de las 10.00 horas, con la declaración del resto de los testigos.
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