MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
El exministro de Justicia Francisco Caamaño ha elaborado para el PSOE un informe jurídico que concluye que la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno es "doblemente inconstitucional": en la forma, porque se ha aprobado como decreto-ley, y en el contenido, porque "quiebra desproporcionada e injustificadamente la igualdad" de los ciudadanos "en el deber constitucional de contribuir".
Según el actual diputado socialista, la medida crea "para los defraudadores un régimen de auténtico privilegio fiscal incompatible con la idea misma del Estado de Derecho", dice el informe, al que ha tenido acceso Europa Press.
Caamaño sostiene que la norma viola el principio de igualdad tributaria consagrado en el artículo 31 de la Constitución, según el cual todos los ciudadanos deben contribuir "al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad".
Y, desde el punto de vista formal, avisa de que el artículo 86 de la Carta Magna establece que no es posible utilizar un decreto-ley para "afectar" a deberes de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al que pertenece el mencionado artículo 31.
Sobre este aspecto, recupera sentencias del Tribunal Constitucional de 1997, 2003 y 2004 para subrayar que no es posible cambiar mediante un decreto ley ni el régimen general tributario ni los "elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria".
Caamaño argumenta que la amnistía fiscal se basa precisamente en crear un nuevo gravamen tributario, un "impuesto para defraudadores sustitutivo de aquellos por los que deberían haber tributado", y por tanto contraviene el artículo 86 y la doctrina constitucional.
En cuanto al fondo de la medida, subraya que la Ley General Tributaria ya prevé fórmulas de regularización voluntaria mediante el pago del impuesto que corresponda, más un recargo e intereses de demora. Por eso, cree que la amnistía aprobada por el Gobierno es "injusta" y una "alternativa excéntrica" a la voluntad del constituyente de que "todos" contribuyan a la Hacienda Pública.
"SANGRANTE DESPROPORCIONALIDAD"
Para el exministro, una regularización fiscal extraordinaria no es inconstitucional en sí misma, pero sí lo es su "sangrante desproporcionalidad" y "la falta de un mínimo de equidad", puesto que quienes se acojan a ella pagarán sólo un tercio de lo que les correspondería normalmente, sin recargos y sin intereses.
Por otro lado, señala que sólo pueden acogerse a la amnistía los contribuyentes cuyas rentas no están íntegramente sometidas al control de la Administración y que, además, la amnistía trata por igual a todos los defraudadores "con independencia de la cantidad defraudada".
Por eso, aludiendo a numerosas sentencias del Constitucional, concluye que la medida "vulnera el principio de igualdad tributaria" y utiliza un criterio de reparto de las cargas públicas que no tiene "justificación razonable", por lo que es "incompatible con un sistema tributario justo" como propugna la Constitución.
