También comparecen ante la Policía dos responsables de la empresa Atlas, investigada en este procedimiento
PALMA DE MALLORCA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ex presidente del gobierno balear, Gabriel Cañellas, ha prestado declaración en calidad de imputado en dependencias de la Policía Nacional en el marco del caso Bomsai, aunque finalmente ha quedado en libertad con cargos, según informaron a Europa Press fuentes del caso, que matizaron que el ex jefe del Ejecutivo en ningún momento ha sido detenido.
Según señalaron las mismas fuentes, la imputación del también presidente de la Fundación Illes Balears estaría relacionada con pagos presuntamente injustificados en el marco de esta supuesta trama de corrupción, que indaga el presunto desvío de fondos públicos a través de la empresa pública CAIB Patrimoni.
Junto a Cañellas también comparecen como imputados dos responsables de la empresa Atlas, una de las empresas investigadas dentro de este caso ya que, según la Fiscalía, pudo servir de tapadera para desviar los caudales públicos desde CAIB Patrimoni.
En total, siete personas han sido detenidas en el marco de la Operación Bomsai, que investiga la presunta trama corrupta urdida desde CAIB Patrimoni para amañar contratos con los que regar empresas particulares durante la construcción de la nueva sede de la Conselleria de Salud y del parque de bomberos de Palma.
CAÑELLAS, IMPUTADO EN SANT ELM
Entre ellas se encuentran el ex director general de Tributos, Jorge Sainz de Baranda, de Emergencias, Joan Pol (ambos en libertad bajo fianza de 50.000 y 30.000 euros, respectivamente) y el ex director gerente de CAIB Patrimoni, Jaume Vidal, mientras que también está imputado el ex conseller de Economía, Lluís Ramis de Ayreflor, para quien la titular del Juzgado de Instrucción número 1, Margarita Bosch, decretó prisión bajo fianza de 50.000 euros.
Cañellas se encuentra también imputado en el caso que investiga las presuntas irregularidades cometidas en torno a la gestión y el mantenimiento de la Torre de Sant Elm, en el municipio de Andratx, a través de la Fundación Illes Balears, y el supuesto desvío de fondos públicos que se produjo cuando el Consistorio andritxol acordó en 2006 destinar 7.500 euros mensuales a la entidad privada para la gestión de Sant Elm.
