MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska acordó hoy la clausura por dos años de la herriko taberna de Zamudio (Vizcaya), a la que vincula con la distribución de bonos para financiar a la ilegalizada Batasuna con motivo de las elecciones generales y al Parlamento Europeo 2004. En dicho local, según las investigaciones, realizaba sus actividades el presunto colaborador de la banda Ibon Meñika, a quien le fueron intervenidos 90 bonos con el anagrama de ETA tras su detención el pasado 18 de abril.
En un auto dictado hoy, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 solicita al Gobierno Vasco que habilite a la Ertzaintza para dar cobertura a la Guardia Civil durante la ejecución de la clausura, una medida que había sido solicitada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y por Dignidad y Justicia. El fiscal Juan Moral no pidió ninguna actuación contra el centro, cuya actividad económica se encontraba intervenida desde 2002.
Grande-Marlaska solicita además a su compañero Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 (que fue quien ordenó el ingreso en prisión de Meñika), que le informe de "cualesquiera otras herriko tabernas que puedan ser utilizadas por el entramado terrorista ETA-KAS-Ekin-Batasuna".
ELECCIONES 2004.
La medida dictada por el juez se basa tanto en las declaraciones policiales de Meñika como en el resultado del registro de los locales de la herriko, conocida como Julimendi Kultur Elkartea, donde se han aprehendido bonos referidos a la financiación de la ilegalizada Batasuna de cara a las elecciones generales y al Parlamento Europeo en 2004 ( a las que pretendía presentarse como agrupación electoral Herritarren Zerrenda).
A Meñika (quien fue condenado a 3 ños y medio de cárcel como dirigente de las organizaciones juveniles Jarrai-Haika-Segi, y en la actualidad era el responsable de Ekin en Vizcaya) le fueron incautados 90 bonos con el anagrama de ETA, cada uno de ellos con un valor de 60 euros.
El auto, de 22 páginas, destaca que entre las funciones de este presunto colaborador se encontraba la de "dinamizar, de acuerdo con el frente militar de la organización terrorista", la denominada izquierda abertzale, por lo que se encargaba de distribuir los bonos y también los denominados 'zutabes' (boletines internos de ETA). Dice también que Meñika realizaba turnos de militancia en los locales de la herriko de Zamudio durante los fines de semana y se reunía allí con responsables del entorno abertzale de distintas zonas de Vizcaya.
La resolución judicial destaca también que 'la militancia y liberados' de dicha herriko, aprovechando las fiestas de la localidad, montaron una carpa cuyos ingresos fueron puestos a disposición de la ilegalizada Gestora Pro-Amnistía.
SIGUEN DANDO COBERTURA A ETA.
En sus razonamientos jurídicos, el auto subraya que "la necesidad actual de proceder a la clausura de los locales indicados se infiere de como una vez intervenida su actividad económica, se ha podido comprobar que continúa dando cobertura e infraestructura a los fines criminales imputados".
Justifica además la proporcionalidad de la medida y añade que lo investigado "corrobora en términos de actualidad" lo ya expuesto en distintos informes policiales, que señalan que las conocidas como herriko tabernas se encuentran gestionadas directamente por Batasuna, cumpliendo funciones diversas, "principalmente de financiación, logística y propaganda del entorno ETA-KAS-Ekin (MLNV).
El auto rebate el argumento expuesto por la defensa de los siete miembros de la junta directiva de la herriko, que comparecieron el pasado viernes ante el juez, y que alegó que los locales están alquilados, por lo que la explotación económica de los mismos es cosa del arrendatario.
Según el juez, dicho contrato de alquiler es "mera ficción", y tiene el objetivo de "sustraer el patrimonio a las responsabilidades que pudieran declararse". En caso contrario no se entendería, según el juez, que durante el registro se hubiera encontrado una libreta de ahorro de la Caja laboral a nombre de la citada entidad Julemendi Kultur Elkartea.
El auto resume el contenido de las resoluciones judiciales dictadas los pasados enero y febrero de 2005 en la causa en la que se investiga la financiación de ETA a través de las herriko tabernas controladas por Batasuna.
En este sentido, subraya que la propia configuración de las herrikos - que tratan de crear confusión sobre su titularidad real y los servicios que prestan-, justifica la clausura, ya que son los responsables de los locales los que deberían impedir "la materialización de conductas extramuros de su aparente objeto social e incardinables en el ordenamiento jurídico penal".
