La composición del tribunal varió después de que la Sala aceptase una petición del PSOE que fue respaldada por Fiscalía
MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha designado a los tres magistrados que compondrán el tribunal que juzgará a partir del 17 de enero de 2023 al expresidente de la Generalitat Valencia Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel', después de las recusaciones formuladas contra varios jueces.
En una providencia del pasado 8 de julio, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, la letrada de la administración de Justicia designa como presidente del tribunal al magistrado José Antonio de Mora Alarcón y a los jueces Fernando Andreu y Dolores Hernández como los dos integrantes restantes.
El propio Camps ya había intentado cambiar la composición del tribunal que juzgará esta pieza separada número 5 de 'Gürtel' al recusar a los magistrados José Ricardo de Prada y al propio José Antonio Mora, aunque en ambos casos sus pretensiones fueron rechazadas de plano.
La petición del otrora presidente valenciano no ha sido la única a este respecto. El PSOE, con el apoyo de la Fiscalía, solicitó apartar al magistrado Joaquín Delgado del tribunal que juzgará a Camps por haber ejercido altos cargos con el Partido Popular. La petición fue aceptada por unanimidad por la Sala de lo Penal.
Fueron las exdiputadas socialistas Carmen Ninet y Cristina Moreno las encargadas de presentar la recusación de Delgado apuntado a las "conexiones de hecho entre aquel magistrado y aquella formación política". "Una vez más, estamos ante un proceso penal en el que entre los acusados tenemos a personas que en su día ocuparon puestos muy relevantes tanto en la administración pública como en el organigrama jerárquico del Partido Popular", alegaban.
OTRAS RECUSACIONES
En el caso de De Prada, Camps trató de recusarle aduciendo a sus supuestos vínculos con PSOE y Unidas Podemos porque le propusieron como miembro de un comité asesor en materia de justicia universal y como candidato a ocupar uno de los 20 puestos del próximo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La Sala lo frenó exponiendo que "la selección de un perfil específico encarnado en la persona de un profesional concreto no puede considerarse como motivo de dependencia o amistad que pueda afectar al imparcial ejercicio de la función jurisdiccional ordinaria".
Esta resolución, redactada por Mora, fue el motivo por el que se decidió a recusar también a este, una pretensión que también fue frenada por la Audiencia Nacional. En este contexto, la Sala apuntó igualmente que la falta de imparcialidad e interés directo que señalaba Camps no podía sostenerse, asegurando que "lo alegado" en su escrito era "del todo erróneo", puesto que "ni José Antonio Mora Alarcón es superior jerárquico de José Ricardo de Prada y, al contrario" de lo que argumentaba, "es más antiguo en el escalafón que el señor De Prada".
A pesar de que la Sala rechazase la recusación de De Prada, el magistrado no integra el tribunal que finalmente juzgará a Camps porque ha cambiado de sección. En concreto, el juez ocupó una de las vacantes que quedaron en la Sección Primera de la Sala de lo Penal tras la marcha al Tribunal Constitucional de Ramón Sáez y de Concepción Espejel.
DOS AÑOS Y MEDIO DE CÁRCEL
El entonces titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, José de la Mata, abrió juicio oral por este asunto en septiembre de 2019 sentando en el banquillo a Camps al considerar que hay "un arsenal de indicios, muy consistentes, cada uno de ellos suficientemente acreditado, que permite afirmar que el entonces presidente de la Generalitat participó en el direccionamiento del contrato de Fitur 2009 a favor de Orange Market".
De acuerdo con el relato judicial, el líder de la 'Gürtel', Francisco Correa; su 'número dos', Pablo Crespo; el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez Alonso, alias 'El Bigotes'; y el gerente de dicha empresa, Cándido Herrero, "se concertaron con Camps para que éste, como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario para que el contrato del montaje del 'stand de Grandes Proyectos' de Fitur fuera directamente adjudicado a Orange Market".
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Camps de prevaricación y fraude interesando una condena de dos años y medio de prisión, mientras que la acusación popular que ejerce el PSOE eleva su petición a 9 años al añadir a estos delitos el de tráfico de influencias, además de 15 años de inhabilitación absoluta y 16 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
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