MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al recurso presentado por el PP contra el auto en el que el magistrado Antonio Pedreira, que instruye la rama madrileña del 'caso Gürtel', se inhibía a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), y reitera que se investigue al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros altos cargos de su Administración por la financiación irregular del PP valenciano.
En un escrito fechado el pasado 30 de julio, la Fiscalía Anticorrupción solicita a la Sala de lo Civil y Penal del TSJM que confirme el auto dictado por Pedreira el pasado 25 de mayo, en el que advertía que los investigados podrían haber cometido delitos contra la Hacienda Pública, electorales y cohecho propio por los regalos que recibieron de la trama, al tiempo que detallaba la financiación irregular en la contratación entre la empresa de la trama Orange Market y la Administración valenciana.
El Ministerio Público considera que el tribunal valenciano debe asumir la competencia para instruir esta causa por "la circunstancia de conexidad" entre los delitos investigados, "por la de aforamiento de las personas sobre las que existen indicios de delito y por la existencia de datos nuevos que pudieran influir en la definitiva tipificación del delito de cohecho para cada caso".
El escrito, de 11 páginas, recuerda que un informe redactado el 13 de abril por la Intervención General del Estado advertía de la existencia de "irregularidades en los procesos administrativos de contratación por parte de diversas consejerías de la Generalitat valenciana", y que otro de la Agencia Tributaria del 6 de mayo constataba "diversas irregularidades en la contratación, contabilización y facturación entre Orange Market S.L. y el PP de la Comunidad valenciana".
PLIEGOS DEL CONCURSO ANTES DE ADJUDICARSE
Del mismo modo, destaca que un informe aportado por la Unidad Contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) constata que Orange Market aportó un dato que "era desconocido al acordarse la inhibición", en referencia a que la empresa Orange Market, que dirigía el imputado Álvaro Pérez, 'el Bigotes', poseía "pliegos del concurso de Fitur de 2005 antes de la publicación oficial del concurso". Este contrato, que representó a la Comunidad Valenciana en la citada feria de turismo, ascendió a 930.000 euros.
En el mismo sentido, defiende la necesidad de investigar la "conexidad" entre los regalos supuestamente recibidos por Camps, el ex secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, y las adjudicaciones que la trama podría haber conseguido como contrapartida.
"¿Con estos presupuestos sería posible que se investigue en un tribunal la percepción de los regalos por el funcionarios y en otro tribunal los eventuales desvíos normativos y/o de fondos en su departamento en beneficio de quienes le hicieron los regalos?", se pregunta.
El TSJM resolverá sobre el recurso del PP a finales de este mes de septiembre o principios de octubre, según señalaron a Europa Press fuentes jurídicas. El PP solicitaba que se rechazara la inhibición en favor del TSJCV por no estar "acreditados" los hechos imputados ni la la participación en los mismos de Camps, Costa y Betoret, y por "carecer los hechos de relación o analogía" con la investigación que se sigue en Valencia por un presunto delito de cohecho impropio por los trajes que habrían recibido el presidente de la Generalitat y sus subordinados.
