Dice en un informe que el ahorro de 300 ? por vocal no servirá para calmar los mercados financieros pero sí para desactivar el Consejo
MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Profesional de la Magistratura ha elaborado un informe crítico con la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuesta por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón ya que perfila un órgano sujeto al "control político" y compuesto por un presidente con dedicación exclusiva frente a "una mesa de deliberación desierta, vacía y sin ninguna capacidad de actuar".
El informe realizado por el Gabinete de Estudios de la asociación mayoritaria, adelantado el pasado lunes por Europa Press, advierte de que la propuesta de Gallardón limita a un papel "testimonial o decorativo" el de los 20 vocales al eliminar su dedicación exclusiva e "invitar" a la mayoría -excepto una Comisión Permanente integrada por cuatro miembros y el presidente_ a reuniones esporádicas.
Pero es más, mantiene que el ahorro del coste salarial apenas rondará los 300 o 400 euros por vocal y mes, un ahorro que, a su juicio, resulta "escaso para calmar los mercados financieros internacionales" pero sí es oportuno para "intentar desactivar el órgano que de velar" porque los jueces puedan ejercer su trabajo con la independencia de estos años.
Avisa del riesgo de que las principales fuerzas políticas no se pongan de acuerdo a la hora de superar la crisis económica, pero sí para evitar que "el Poder Judicial pueda realizar su función de control de manera independiente y sin posibilidad de desactivarlo".
"JUECES AMENAZADOS" ANTE "ABUSOS POLÍTICOS"
"Si llega a ocurrir, los jueces nos veremos amarrados o amenazados en nuestro trabajo y entonces los ciudadanos no tendremos donde acudir cuando existan abusos políticos o cuando se perjudiquen nuestros derechos individuales o colectivos por parte de la administración", sostiene.
La asociación conservadora y mayoritaria entre la Carrera Judicial tilda de "fullera" la propuesta ministerial encaminada, en su opinión, a disminuir la independencia que tendrá cada juez al conocer un asunto. "Esta intromisión se logrará no sólo seleccionando a los jueces de manera interesada, sino sujetando a los jueces mediante el control político de su futuro profesional", añade.
Para argumentar el "pleno control político" que busca el proyecto, argumenta que competencias tan sensibles como el sistema de selección de los jueces serán trasladadas al Ministerio de Justicia, así como la formación continua de los magistrados.
"La aparente ingenuidad de la propuesta esconde que será el Ministerio de Justicia quien decida qué profesionales pueden enriquecer sus méritos asistiendo a la formación que el Ministerio organice y quienes quedarán petrificados en sus méritos actuales", añade.
En este contexto, también indica que el Gobierno coordinará a partir de ahora las relaciones internacionales del Consejo y remarca que reducirá las funciones a aquellas que no puede quitar porque están establecidas en la Constitución.
MILES DE CARGOS POLÍTICOS DE CREACIÓN CAPRICHOSA
"En un país plagado de decenas de miles de cargos políticos de creación caprichosa (y de funciones a veces fantasmales) y en un país que cuenta además con una administración pública inyectada de liberados para la representación sindical, resulta insólito y extravagante que uno de los tres poderes del Estado (¡que raro que sea el judicial¡) no pueda soportar el coste de tener en dedicación completa a los veinte vocales que exigió -con la finalidad ya expresada anteriormente- la Constitución Española de 1978", sostiene.
La APM pone en valor que si la Administración de Justicia "malfunciona sin hundirse" es gracias al sobreesfuerzo de los jueces y magistrados que se ha "cronificado" durante estos años porque los gobiernos no les han dotado de los medios adecuados.
