Cree "absolutamente incierto e injusto" que se afirme que los tribunales van contra el Concierto Económico vasco
BILBAO, 16 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de sección territorial de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en el País Vasco, Federico López de la Riva, afirmó hoy que la amnistía que ETA reclama para los presos "no está contemplada constitucionalmente". Además, consideró que la entrevista de la organización terrorista publicada este fin de semana "no apunta a una solución fácil y a corto plazo".
En declaraciones a Europa Press, López de la Riva se refirió a las reivindicaciones realizadas por la banda armada sobre territorialidad, autodeterminación, amnistía o excarcelación de presos, y señaló que sus peticiones no son "asumibles por el conjunto de la sociedad" ni por los afectados "por el periodo de la actividad terrorista".
El magistrado afirmó que los miembros de la Judicatura han acogido, en general, el alto el fuego declarado por ETA "con mucha prudencia", y añadió que "todos" tienen la esperanza de que el terrorismo acabe. Sin embargo, puntualizó que a él no le "ronda el optimismo".
En este sentido, insistió en que la entrevista a la organización terrorista que este fin de semana publicó el diario 'Gara', por su contenido, "no apunta a una solución fácil" ni a que ésta se pueda dar en un plazo corto de tiempo.
A su entender, ETA debe pedir perdón porque ello "le humanizaría" y las víctimas podrían tener la posibilidad de perdonarles". "Esto supondría un buen comienzo", aseveró.
Sobre las peticiones de flexibilidad de la Justicia en la actual situación creada tras el alto el fuego, señaló que los miembros de la Judicatura tienen que actuar "de manera objetiva, de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico".
CONCIERTO ECONOMICO
Federico López de la Riva, que la semana pasada fue designado nuevo presidente de la APM en el País Vasco, en sustitución de Alfonso González-Guija, manifestó que "no es admisible" y sí "absolutamente incierto e injusto" que se afirme que los tribunales vayan contra el Concierto Económico vasco.
En alusión a las críticas a la Judicatura vasca, en concreto a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por haber suspendido cautelarmente el tipo del Impuesto de Sociedades, expresó su "rechazo absoluto" a las acusaciones sobre un posible "pacto con el PP" para acabar con el autogobierno.
Tras recordar que la propia Sala de Gobierno del TSJPV ya respondió a esas acusaciones, subrayó que "el entramado institucional del País Vasco es más complejo constitucionalmente que en el resto de España" y que, por lo tanto, se adoptan decisiones que en otras comunidades autónomas "de régimen común no se producen" y que tienen su repercusión en la opinión pública.
Además, dijo que, con las resoluciones judiciales, "en general, hay una parte que vence o se siente vencedora, y otra que pierde o se siente perdedora, y hay que asumir que esta última no se sienta especialmente satisfecha con el resultado". No obstante, precisó que "esto no permite alcanzar las cotas de las afirmaciones que últimamente se oyen".
PODER JUDICIAL UNICO
El magistrado indicó que la APM defiende "un modelo constitucional en el que hay tres poderes del Estado: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el judicial, con una vocación de unidad". "Mientras el modelo constitucional se mantenga inalterado, el planteamiento que hacemos desde la asociación es igualmente claro, creemos en un poder judicial único, de acuerdo con el modelo constitucional", agregó.
En esta línea, consideró que "los aspectos que ahora transversalmente se están incorporando al ordenamiento jurídico a través del Estatuto catalán, pendiente todavía de ser objeto de un referéndum, probablemente puede tener una incidencia elevada en ese planteamiento constitucional y puede afectar e incidir sobre el modelo constitucional".
López de la Riva aseguró que la creación de un Poder Judicial propio "constitucionalmente no es posible a día de hoy". A su juicio, realizar "planteamientos de modificación constitucional, sin modificar la Constitución, plantea problemas jurídicos de calado" y subrayó que el Estado de Derecho "tiene sus propias reglas e intentar, a veces sin querer, vulnerarlas, suele tener efectos negativos en el sistema".
