Llanera critica que JpD haya "adelantado posiciones" sobre una posible huelga de jueces cuando no hay ninguna "decisión"
MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llanera, considera que los jueces tienen una "función constitucional que desempeñar", por lo que este lunes ha opinado que "más allá de un paro testimonial, como se ha realizado en otras ocasiones, la realidad de huelgas continuadas genera un perjuicio a la ciudadanía que, en ese sentido, justifican y hacen que deban evitarse en cuanto a los jueces".
En declaraciones a Europa Press, Llanera ha criticado que Jueces para la Democracia (JpD), a través de su portavoz Joaquim Bosch, haya "adelantado posiciones" en relación con una posible huelga de jueces y fiscales cuando no hay "ningún tipo de decisión" tomada.
"Yo creo que aquí se han adelantado posiciones en el sentido de precipitadas porque no se ha decidido ningún posicionamiento ni se ha tomado ninguna decisión", ha denunciado el portavoz de la APM, después de que Bosch anunciara que el próximo 21 de septiembre se celebrarán juntas de jueces y fiscales, en las que discutirán qué medidas de presión se adoptan ante el recorte salarial en el sector y entre las que existe la posibilidad la convocatoria de una huelga.
Para Llanera, esta precipitación afecta a su propia asociación "porque en la medida en que no se ha abordado ese tipo de iniciativa entre las cuatro asociaciones, tampoco la APM lo ha realizado desde un punto de vista individual, a nivel interno".
"Todo esto estaba pendiente para la apertura del año judicial. Está previsto discutirlo en la apertura del año judicial y reflexionar entre todas las asociaciones de jueces y fiscales cuál es el posicionamiento más adecuado a seguir", ha asegurado.
INTERLOCUCIÓN DIRECTA CON EL GOBIERNO
Asimismo, ha insistido en que "el Poder Ejecutivo está obligado a tener una interlocución directa con las asociaciones judiciales y con el Consejo General Poder Judicial (CGPJ) precisamente porque evitar este tipo de situaciones es algo que obliga tanto al Poder Ejecutivo como al Judicial".
"Lo ideal es que haya una interlocución y que se evite este tipo de medidas de negociación colectiva en cuanto a la judicatura. Si esa interlocución no existe, se avoca a los jueces a soluciones que no son las lógicas, ni las inteligentes, ni las convenientes", ha advertido.
Por otra parte, ha explicado que el colectivo de jueces está dispuesto a soportar recortes económicos "siempre y cuando respondan a una distribucion equitativa de los esfuerzos" ya que, a su juicio, es algo que los jeuces están "en condiciones de asumir con igual de generosidad o contención que el resto de profesiones".
No obstante, ha advertido de que no están dispuestos a sumir que "se apliquen recortes en un porcentaje de su sueldo mayor que al del resto de funcionarios que tienes salarios similares" a los suyos ya que, en su opinión, "no es de recibo".
"Tampoco es de recibo que el Ejecutivo no preste al Poder Judicial los instrumentos que necesita para que podamos realizar adecuadamente la función y que el Poder Ejecutivo desarrolle una actividad tendente a limitar la capacidad de actuación de los jueces y politizar la Justicia", ha concluido.
