LEGANÉS (MADRID), 12 May. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Ayuntamiento de Leganés aprobó hoy por unanimidad de todos los grupos políticos el dictamen final de la comisión de investigación sobre bares de copas de La Cubierta, un documento que admite la existencia de "errores" en la coordinación de varias concejalías y en el seguimiento de los expedientes sancionadores, pero que propone a la Secretaría del Ayuntamiento un "informe" que sirva como protocolo de actuación de cara al futuro.
El concejal de Urbanismo e Industria, Raúl Calle, leyó hoy en Pleno el dictamen de una comisión que se constituyó en julio del pasado año, tras la muerte del joven Bruno S.O. en mayo durante una reyerta que se inició en un pub de La Cubierta que abría fuera del horario permitido.
El dictamen reconoce "errores" y una escasa coordinación entre las concejalías de Industria y de Seguridad Ciudadana, sobre todo, en lo referente a la concesión de licencias y en el seguimiento de los expedientes sancionadores que, tras las denuncias policiales por incumplimientos, se remitieron a la Comunidad de Madrid.
Para ello, el informe de conclusiones propone la elaboración de un protocolo de actuación y la habilitación de un "órgano interdepartamental" que realice las funciones de coordinación entre Industria y Seguridad Ciudadana.
Además, pide al Secretario municipal un "informe que sirva como protocolo de la base de actuación" de cara a medidas como la clausura de aquellos establecimientos que incumplan reiteradamente la normativa municipal, en especial, en materia de horario de cierre, aforos o licencias.
ESCASEZ DE PERSONAL
En cuanto a los fallos detectados en el funcionamiento de la Administración local, la comisión determinó escasez de personal y de medios. Así, por ejemplo, en Industria sólo hay tres técnicos para todo el municipio para el estudio de los expedientes de licencia, cuando serían necesarios seis.
El informe final reconoce también falta de "unificación de criterios" entre los propios técnicos, "reticentes" a la unificación por la libertad de interpretación de que gozan, según el dictamen.
Además, reclama la necesidad de una mejora en la coordinación de las concejalías implicadas para evitar la "mala fe" de los empresarios de los bares, ya que suelen utilizar maniobras y "vacíos legales" para evitar o "alargar" los cierres y clausuras de sus negocios.
De hecho, Calle aseguró hoy que se ha echado en falta "el testimonio" de estos empresarios ante la comisión, ya que por las once sesiones y diferentes encuentros para consensuar aspectos sólo han pasado trece funcionarios públicos para comparecer.
En cuanto a las carencias para controlar los bares de La Cubierta, los técnicos coincidieron en que "en todos estos años" no han recibido instrucciones concretas de sus superiores, técnicos o políticos.
Y al margen de la "falta de medios técnicos" -como la ausencia de un programa informático que avise de la proximidad de fechas de los expedientes-, el dictamen admite que "ha habido falta de interés de las Administraciones, incluida la Comunidad de Madrid".
Para Raúl Calle, la labor de la comisión ha constituido "un trabajo amplio y serio" que ha tratado de "buscar soluciones que arreglasen aspectos que no han funcionado".
Precisamente, un argumento similar esgrimió el portavoz de 'Unión por Leganés' (ULEG), Carlos Delgado, para dar su apoyo al documento.
"En las conclusiones se entona el 'mea culpa' y el informe es objetivo por la apuesta que hace por buscar soluciones", argumentó, a pesar de reconocer que "quedan muchas cosas por aclarar". A pesar de ello, Delgado aseguró que estas "conclusiones pueden suponer un antes y un después".
Paradójicamente, el Partido Popular -que decidió hace meses abandonar la comisión de investigación porque ésta no le ofrecía la información que solicitaba- votó a favor del dictamen.
En este sentido, el concejal Eduardo Jiménez alegó que las conclusiones dan la razón a los populares al admitir que "se han desatendido peticiones a la comisión".
No obstante, el aspecto que llevó a los populares a apoyar el texto definitivo -según el edil- fue que, definitivamente, "se reconoce la necesidad de cambiar la reglamentación en la concesión de licencias", uno de los motivos que, a juicio de los populares, fomentó en estos años la 'impunidad' de los establecimientos de La Cubierta.
