Los exdirectivos Roberto López y Daniel Gil se enfrentan a 4 años de prisión mientras el resto ha llegado a acuerdo o han sido desimputados
MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aplazado al próximo 17 de septiembre el inicio del juicio por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la extinta Caja de ahorros del Mediterráneo (CAM) con la sociedad Valfensal para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe. De la decena de acusados iniciales, ya sólo quedan dos al haberse retirado la acusación sobre siete y otros dos han llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción.
Según han informado fuentes jurídicas, los únicos que de momento continúan acusados en este procedimiento son el ex director general de la CAM Roberto López Abad (ya condenado en la Audiencia Nacional a tres años de cárcel por falseo de cuentas de la entidad) y Daniel Gil, entonces director general de Empresas.
Por su parte, los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó así como la sociedad Valfensal han alcanzado un acuerdo con Anticorrupción por el que ya han devuelto 12 millones de euros del perjuicio de 28 millones que habrían provocado a la entidad bancaria con las operaciones en el Caribe.
Además, han aceptado una condena de dos años de prisión --de una petición inicial de 22 años-- por un delito de administración desleal y tres delitos de fraude fiscal, según las fuentes consultadas.
Por otro lado, se ha retirado la acusación contra otras siete personas, cuatro de ellas antiguos miembros de la comisión de control de la CAM a los que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado acusaban y finalmente el Fondo de Garantía de Depósitos ha optado por hacer lo mismo.
Así pues, y puesto que sólo López Abad y Gil se sentarán en el banquillo de los acusados, el tribunal que preside la magistrada Concepción Espejel ha decidido aplazar el inicio del juicio a septiembre y ha pedido a las partes que en un plazo de diez días presenten nuevos escritos para reformular la petición de pruebas.
Los dos exdirectivos de la entidad se enfrentan a cuatro años de prisión que pide la Fiscalía Anticorrupción por las operaciones inmobiliarias en el Caribe entre los años 2004 y 2006.
