MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez Pablo Ruz de denegar la descarga del ordenador profesional de las dos exsecretarias de los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta para obtener los emails comprendidos entre 1993 y 2011 remitidos desde estas terminales.
El magistrado también se opuso a descargar del servidor de la sede del PP los correos de Bárcenas que se hubieran conservado. La diligencia había sido solicitada por el PSOE de Valencia, personado como acusación, y que formuló esta petición con objeto de confirmar si existía constancia en estos correos de visitas efectuadas por empresarios con la intención de donar fondos a la formación.
La Sección Cuarta concreta que estos ordenadores son utilizados por personas que no están imputadas en la causa y el acceso a su contenido podría suponer una violación "de la esfera personal e íntima de personas ajenas al procedimiento". En un auto hecho público este lunes los magistrados tachan esta diligencia de "desproporcionada".
FIANZA DE SANCHÍS
Por otra parte y respecto a la causa que investiga la trama Gürtel, la Sección Cuarta ha confirmado un auto de Ruz en el que reclamaba al extesorero de Alianza Popular (AP), Ángel Sanchís, que depositara 648.659 euros que le faltaban por aportar para cubrir la fianza de ocho millones de euros impuesta para cubrir la responsabilidad civil que podría derivarse en un futuro juicio.
El juez Ruz sospecha que el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas utilizaba la cuenta que la sociedad Brixco, propiedad de Sanchís, mantenía en el HSBC de Nueva York para "ocultar sus fondos de procedencia indiciariamente ilícita". Para ello, Bárcenas habría dado instrucciones para transferir tres millones de euros de la cuenta que la Fundación Sinequanon, vinculada al extesorero, tenía en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza) hasta este depósito en Estados Unidos.
Ruz acordó el comiso de los bienes que provengan del delito y las ganancias que se hubiera obtenido tras constatar que Sanchís pudo haber cooperado para "ocultar el verdadero origen del dinero así como su real propietario e incluso repatriar una parte de los fondos a España a través de distintas operaciones y diversas sociedades".
Los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel han confirmado, por otra parte, la imputación en la causa de la empleada de la empresa de Francisco Correa MR & Asociados María del Mar Rodríguez a la que se acusa de cobrar una comisión de 2.600 euros por la adjudicación irregular dl XXXI Congreso de Parques y Jardines a su compañía por parte del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid).
