VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Valladolid acordó hoy prorrogar la situación de prisión provisional para los hermanos Miguel ('Pitu') y Manuel J.G, de 21 y 25 años, respectivamente, por su presunta implicación en el tiroteo contra integrantes de los 'Monchines' ocurrido en junio de 2004, fruto del cual cuatro personas resultaron heridas y una quinta perdió la vida.
Tras la comparecencia celebrada ayer ante la Sección IV de lo Penal de la Audiencia Provincial, dicha Sala, a través de un auto al que tuvo acceso Europa Press, notificó hoy su decisión de mantener a ambos hermanos en prisión provisional en la cárcel de Dueñas (Palencia) durante un plazo máximo de otros dos años o hasta la celebración del juicio, tal y como habían solicitado el Ministerio Fiscal y la acusación particular y en contra del criterio expuesto por la defensa de los imputados.
La gravedad de los hechos de los que están imputados ambos hermanos, la elevada penalidad que su actuación pudiera llevar aparejada y, por tanto, el riesgo de fuga en caso de que fueran puestos en libertad provisional son algunos de los argumentos en que se fundamenta la Sala vallisoletana para prorrogar su encarcelamiento provisional, cuyo plazo de vigencia expiraba el próximo día 15.
Los hechos serán juzgados en la Audiencia de Valladolid el próximo día 6 de noviembre bajo fuertes medidas de seguridad. Será la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia vallisoletana la encargada de enjuiciar a los dos acusados, que se enfrentan a un conjunto de penas que suman 70 y 102 años de cárcel, tal y como, respectivamente, solicitan el Ministerio Fiscal y la acusación particular, que, por este mismo orden, piden indemnizaciones por valor de 336.000 y 500.000 euros.
Así, la acusación pública entiende que los dos imputados son autores de un delito de homicidio, otras tres tentativas de homicidio, una falta de lesiones y otro delito de tenencia ilícita de armas y solicita para cada uno de los hermanos 35 años y dos meses de cárcel.
DISCREPANCIA ENTRE HOMICIDIO O ASESINATO
La variación entre la postura de la acusación pública y la particular estriba en que esta última entiende que tanto la muerte de uno de los 'Monchines' como las lesiones sufridas por otros tres no son encuadran en el tipo delictivo del homicidio o tentativa de homicidio sino en el de asesinato y tentativa de asesinato, de ahí que las penas que interesa para cada uno se eleven a 51 años de cárcel.
El origen de la reyerta son los problemas existentes entre la pareja formada por Miguel J.G. ('Pitu') y su esposa, Aroa R.C, de 16 años, embarazada por aquel entonces e hija de Salvador R.L. ('Negro').
En ese contexto se produjo un incidente en la calle Faisán, donde había un grupo de familiares de Aroa. Miguel y Manuel J.G, según sostienen los acusadores, se acercaron empuñando cada uno de ellos una pistola (las dos de 9 milímetros y sin licencia, una de la marca Star y otra Walter) y efectuaron múltiples disparos a corta o media distancia sobre el grupo alcanzando a sus miembros.
Fruto de los disparos, resultaron heridos de gravedad Raúl R.L, Diego R.L. y Salvador R.C. (hermano de Aroa y apodado 'Caín'), mientras que Alonso B.A.A. sufrió heridas menos graves y Manuel R.M. falleció al día siguiente tras recibir un disparo en el cuello.
GARCIA MONTES, DEFENSOR
El letrado de la defensa, sin embargo, solicita una sentencia absolutoria para ambos hermanos ya que entiende que el menor de ambos, el 'Pitu', se vio obligado a disparar cuando un grupo de integrantes de la familia rival le salieron al paso armados con pistolas y navajas.
Con carácter subsidiario, en caso se sentencia condenatoria, el defensor pide una pena de 7 años de cárcel para el citado joven por un delito de homicidio y tres delitos de lesiones.
La defensa de los dos únicos imputados ha pasado por distintas vicisitudes, ya que en principio de la misma se hizo cargo el polémico Emilio Rodríguez Menéndez, si bien la delicada situación de éste, que fue condenado a 2 años de cárcel por el montaje contra el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, y se fugó a Buenos Aires (Argentina), motivó un cambio en la representación de ambos 'Miguelones' y a que de ella se ocupara finalmente el también conocido letrado madrileño Marcos García Montes.
Dicho abogado es el mismo que ha intervenido en casos de relieve nacional e internacional como los de Rocío Wanninkhof, Filesa, Rumasa, Juan Guerra, los fondos reservados, Urquijo, Expo, CESID, Paesa, Ibercorp, Sarasola y 'Operación Nécora', entre otros.
