AV.-Jueza ve numerosos datos incriminatorios contra Cardona (PP) por malversar fondos del Consorcio de Desarrollo balear

PALMA DE MALLORCA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Palma, Piedad Marín, determina en la exposición razonada que ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) para que éste asuma el caso Scala, la existencia de "numerosos datos incriminatorios" contra el diputado del PP Josep Juan Cardona, imputado en este procedimiento, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración, atribuidos por la Fiscalía.

Así consta en la extensa exposición que la jueza ha trasladado a la máxima instancia judicial de las islas, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que apoya sus razonamientos en que durante la pasada legislatura, el entonces consejero de Comercio, Industria y Energía, el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y la gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), Antònia Ordinas, se apoderaron de parte de los fondos de este consorcio público "puestos de común acuerdo y guiados por el ánimo de lucro".

La magistrada, que con la remisión de su escrito responde al informe emitido por la Fiscalía el pasado 8 de junio donde consideraba la conveniencia de que el TSJIB continúe la instrucción de la causa debido al aforamiento de Cardona, postula que la vía utilizada para desviar los caudales públicos fue la adjudicación de contratos directamente "sin observancia alguna de las normas del procedimiento" a sociedades en las que Cardona, Viaene y Ordinas tenían participación así como a personas allegadas, que para ello les pagaban un porcentaje o comisión.

Cabe recordar que el procedimiento se inició el 29 de septiembre de 2008 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que interpuso una querella para investigar la presunta trama urdida en torno al CDEIB y que podría haber supuesto una malversación de fondos por valor de más de cinco millones de euros. El Ministerio público abrió diligencias a raíz de una denuncia interpuesta por el Govern, que detectó anomalías en la justificación de las cuentas del CDEIB.

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