Critica que el juez que lleva el caso incumple el protocolo al considerar que no le vincula
BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
El concejal del distrito barcelonés de Sants-Montjuïc, Jaume Asens, ha anunciado este miércoles que el Ayuntamiento de Barcelona ha pedido la suspensión de la orden de desalojo del bloque la Bordeta, 'okupado' por la PAH desde febrero, y un plazo de dos meses para poder evaluar la situación de las siete familias que viven en el edificio.
En rueda de prensa junto al concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, Asens ha destacado que los servicios sociales necesitan el plazo para dar una alternativa habitacional a las personas que viven en el bloque, que en algunos casos son "núcleos familiares en situación de vulnerabilidad y con personas de tercera edad y menores".
Ha expresado la "perplejidad, sorpresa y preocupación" del Gobierno municipal por el hecho de que estas personas se puedan quedar sin vivienda si el consistorio no llega a tiempo para buscar soluciones o alternativas.
INCUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO
Asens ha alertado de que el juez que lleva el caso no ha cumplido el protocolo sobre desahucios acordado en 2013 por el Ayuntamiento, la Generalitat, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el Colegio de Abogados de Barcelona y el Colegio de Procuradores de Barcelona.
Ha relatado que el juez entiende que el protocolo no le vincula porque no es una ley --algo que es la primera vez que ocurre, según le consta--, hecho que ha les ha "despertado todas las alarmas" y que elevarán al TSJC para exigir el cumplimiento.
"Esta situación nos preocupa y queremos trasladarla a sus superiores jerárquicos para intentar que se resuelva y que no establezca un precedente", ha señalado --dice que se reunirán con la juez decana de Barcelona, Mercè Caso--, y ha pedido al juez que se replantee su posición.
Ha remarcado que los protocolos y las normas están para cumplirse, y ha aseverado: "Si hay jueces que desatienden los acuerdos a los que llegan aquellos de los que dependen, tenemos un problema".
VÍA PENAL
Asens ha lamentado que se haya "enfocado la problemática por la vía penal", ya que considera que ésta debería ser la última de las alternativas, y ha asegurado que personas que viven en el edificio han sido citadas a juicio con peticiones de penas de cárcel.
El también tercer teniente de alcalde ha criticado que el edificio ha estado vacío durante años y que no tiene previsto ningún proyecto, por lo que no el Gobierno municipal no ve "ninguna urgencia" de recuperarlo.
CONTACTO CON EL PROPIETARIO
Asens ha explicado que, "como tercera vía", se pondrán en contacto con el propietario formal del edificio, una promotora de la que es acreedora la Sociedad de gestión de activos procedentes de la restauración bancaria (Sareb).
Fuentes de Sareb han insistido a Europa Press en que el inmueble no es de su propiedad, sino que es acreedora del promotor, mientras que Asens ha considerado que la entidad "se escuda en que formalmente no consta como propietaria".
El concejal Josep Maria Montaner ha añadido que el Gobierno municipal está estudiando 160 pisos que podrían ceder entidades bancarias y está trabajando para poner en alquiler social una treintena, que podrían aumentar a 50.
La Sareb ofrece más de 45 viviendas en la ciudad, de las que tres se ofrecen o se ofrecerán en alquiler social; la ciudad obtuvo 45 en una primera fase en la que la Sareb puso a disposición 600 viviendas en toda Catalunya, a las que luego añadió 300 más.
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